La Fiscalía General de la Nación, con apoyo del FBI, reveló este martes que la actividad investigativa sobre Odebrecht en Colombia puso en evidencia transacciones financieras en la banca internacional, subcontratos y otras maniobras que habrían sido usadas para mover los dineros destinados al pago de dádivas.

Mediante comunicado, anunció que 10 personas serán imputadas ante un juez de control de garantías por delito de interés indebido en la celebración de contratos, entre ellas tres ciudadanos brasileños, dos españoles, un uruguayo y un fiscal delegado ante tribunal.

Lo anterior, luego de que el Grupo de Tareas Especiales para el caso Odebrecht, puso en marcha un frente de trabajo que permitió estructurar nuevas líneas investigativas por el entramado de corrupción de la multinacional brasileña en nuestro país.

El trabajo, desarrollado durante 11 meses, estuvo a cargo de equipo de fiscales e investigadores que revisó varias de las actuaciones judiciales hechas y los elementos obtenidos.

Según la Fiscalía, los investigadores encontraron mérito suficiente para vincular formalmente a otros presuntos involucrados en las distintas maniobras usadas para intentar ocultar y darle apariencia de legalidad a los dineros que la constructora habría destinado para pagar dádivas.

Del grupo de personas que serán imputadas hacen parte el exsubgerente de estructuración del Instituto Nacional de Concesiones, Inco, David Eduardo Villalba Escobar; y los brasileños Amilton Hideaki Sendai y Manuel Ricardo Cabral Xinemes, como representante legal principal y suplente, respectivamente, de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S.

La investigación reveló que el exfuncionario suscribió varias resoluciones durante el segundo semestre de 2009, para presuntamente direccionar los procesos de evaluación y selección del consorcio que asumiría las obras del proyecto vial Ruta del Sol II. Finalmente, el 14 de enero de 2010, celebró el contrato de concesión con la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S, de la que hacía parte Odebrecht.

“La evidencia obtenida da cuenta de que para garantizar esta adjudicación la constructora habría ofrecido y pagado 6,5 millones de dólares al exviceministro de Transporte y entonces director del INCO, Gabriel Ignacio García Morales. En ese sentido, para la Fiscalía el señor Villalba Escobar, al parecer, con pleno conocimiento y voluntad usó el cargo y su función para favorecer a la citada concesionaria”, revela el documento.

En consecuencia, la Fiscalía imputará los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos a los ciudadanos brasileños Luiz Antonio Bueno Junior y Amilton Hideaki Sendai, en su condición de director superintendente y director de ingeniería de Odebrecht en Colombia; y a los ciudadanos españoles José Díaz Vecino y Juan José Lago Novas Domingo Dulce, director gerente y director técnico, respectivamente, de la empresa española Detección de Riesgos Técnicos de Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación S.A. – DCS Management.

También se pudo establecer que Odebrecht Colombia suscribió un contrato ficticio de asistencia técnica desde el exterior con DCS Management, el 7 de julio de 2009, con el supuesto de consolidar una oferta técnica y presupuestal sólida para quedarse con el contrato de la Ruta del Sol II. En contraprestación se pactó el pago de 0,9% del valor del contrato.

Esta actividad no se habría ejecutado; sin embargo, meses después de recibir del INCO el proyecto vial, la multinacional brasileña realizó giros por 10’890.000 dólares, a través de un banco de Estados Unidos, a una cuenta que la sociedad española tenía en la banca privada de Andorra.

De acuerdo con el material de prueba, el  94% del dinero recibido por DCS Management fue transferido a la empresa Klienfeld, que hacía parte de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht Brasil, pero no estaba declarada ni reportada en los balances de la constructora.

Este movimiento de recursos –dice el ente investigador- tendría como propósito que la multinacional brasileña recuperara o reembolsara a sus cuentas los 6,5 millones de dólares que pagó al exviceministro de transporte y exdirector del Inco, Gabriel Ignacio García Morales.

Una fiscal del Grupo de Tareas Especiales será la encargada de radicar solicitud de imputación contra el ciudadano uruguayo Andrés Norberto Sanguinetti Barros, como presunto responsable de los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares.

Al parecer, Sanguinetti , como operador habitual de Odebrecht Brasil y en su condición de gestor de la banca privada de Andorra, diseñó el modelo de pago de la coima entregada por la constructora para la adjudicación del contrato Ruta del Sol II, y después permitió poner una millonaria suma en dólares a la cuenta de la sociedad española DCS Management y su posterior traslado a la empresa Klienfeld, que pertenecía a la multinacional brasileña.

Sanguinetti Barros, dice la Fiscalía, habría conseguido las empresas y abrió las cuentas que sirvieron para darle tránsito y ocultar el dinero, así como evadir los controles exigidos por la banca privada internacional.

La Fiscalía imputará el delito de falsedad ideológica en documento privado, enriquecimiento lícito de particulares y lavado de activos al representante legal de la empresa Aldepósitos Zona Franca SAS, Luis Eduardo Gómez Martínez.

El hoy indiciado suscribió un contrato ficticio el 2 de enero de 2014, relacionado con servicios logísticos con el representante legal del Consultores Unidos Colombia – Panamá, y emitió facturas por actividades que nunca se realizaron, por lo que habría recibido transferencias por 2’515.635 dólares, que posteriormente entregó mediante endosos o títulos abiertos a Eduardo Zambrano Caicedo. Esta persona, al parecer, direccionó los dineros a Federico Gaviria y Otto Nicolás Bula, para cumplir con la dádiva que Odebrecht se comprometió a entregarles por gestionar a su favor la adición del tramo Ocaña – Gamarra al contrato Ruta del Sol II, señala la Fiscalía.

Entre los imputados por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares aparece Adriana Milena Alzate Arango, quien fue subcontratada el 15 de agosto de 2010 por el Consorcio Ruta del Sol, del que hizo parte Odebrecht, para realizar mantenimiento y drenaje a varios tramos del proyecto Ruta del Sol II.

La investigación revela que se acreditó que esta persona manifestó tener experiencia en la materia; sin embargo, su actividad comercial era la cría de ganado. Finalmente, está demostrado que recibió pagos por algo más de 490 millones de pesos, por actividades que no se habrían ejecutado.

También será imputado por delitos de prevaricato por omisión y amenazas a testigo al fiscal delegado ante tribunal de distrito, Daniel Ricardo Hernández Martínez.

El 20 de julio de 2017, el funcionario obtuvo de un juez de control de garantías siete órdenes de captura contra presuntos implicados en el entramado de corrupción de Odebrecht, tres de estas contra los ciudadanos brasileños Mauricio Marangoni Marangoni, Eder Paolo Ferracuti y Amilton Hideaki Sendai.

Hernández Martínez, al parecer, hizo una solicitud defectuosa de las citadas órdenes de captura contra los tres extranjeros, directivos de la multinacional brasileña, y omitió darles trámite legal, es decir, no las registro en el Sistema de Información sobre Antecedentes y Anotaciones (SIAN) para que se hicieran efectivas.

Se conoció que tampoco pidió inmediatamente la expedición de notificación azul de Interpol para ubicar en otros países a Marangoni, Ferracuti e Hideaki Sendai, en el entendido de que, para la fecha de los hechos, podrían haber salido de Colombia.

El pasado 22 de junio, Daniel Ricardo Hernández Martínez, en su condición de fiscal adscrito al CTI, habría intimidado en las instalaciones del Búnker de la Fiscalía en Bogotá a Otto Nicolás Bula y le reprochó por su intención de querer servir como testigo contra otras personas que estarían vinculadas a las irregularidades desplegadas por Odobrecht.

De acuerdo con el ente investigador, este proceso no ha contado con las versiones de los colaboradores del Ministerio Público de Brasil, pues para posibilitar su práctica se ha exigido a los fiscales colombianos la suscripción del compromiso de no utilizar las mismas contra 78 personas que tienen tal calidad ni contra las empresas comprometidas.

“Para entablar un trámite de negociación de un principio de oportunidad, la Fiscalía debe contar con la colaboración veraz y comprobable de los declarantes, incluso con su disposición de testificar en juicio sin la limitación expuesta y de reintegrar el incremento patrimonial percibido por la comisión del delito”.

Sin embargo, indicó que todas las investigaciones vigentes siguen activas y desarrollándose procesalmente, de manera que las imputaciones anunciadas conforman la base de posibles acuerdos de negociación, siempre con el pleno cumplimiento de las reglas legales citadas.