En el marco de la iniciativa Transparencia para la Emergencia, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos a la alcaldesa de Socorro (Santander),  Claudia Luz Alba Porras Rodríguez, por su presunta responsabilidad en el delito de celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.

La investigación se relaciona con las presuntas irregularidades detectadas en el convenio de asociación N.o 20030103 suscrito el pasado 27 de marzo entre la Alcaldía de Socorro y la Corporación Rayos de Esperanza, por un monto de $125’756.280, con el objeto de brindar apoyo en la atención del adulto mayor vulnerable en la modalidad centro vida, con un plazo de ejecución de 39 días.

De acuerdo con lo establecido por el ente acusador, la mandataria local presuntamente tramitó el contrato sin advertir los requisitos legales esenciales para esa etapa precontractual, pues la corporación no tenía experiencia e idoneidad para ejecutar el convenio según lo exigido en los estudios previos.

En la investigación se evidenció que la Corporación Rayos de Esperanza se inscribió en la Cámara de Comercio el 3 de marzo, entró en funcionamiento el 25 de marzo y, el 27 del mismo, mes suscribió el contrato con la Alcaldía.

El 18 de junio próximo a las 2:30 pm se realizará la audiencia respecto a la medida de aseguramiento. Esta judicialización hace parte de las anunciadas el pasado 21 de mayo por  elFiscal General, Francisco Barbosa Delgado, como uno de los líderes del bloque anticorrupción conformado además por la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, para garantizar la destinación correcta y legal de los recursos dispuestos para la atención de los colombianos durante la emergencia ocasionada por el Covid – 19.

*Con información de la Fiscalía General de la Nación.