La Fiscalía imputó al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. El cargo no fue aceptado por el procesado.

El material de prueba obtenido por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justica da cuenta de que el exgobernador Ramos Botero, estaría involucrado en las presuntas irregularidades detectadas en el direccionamiento del contrato para la construcción de la hidroeléctrica de Ituango.

El entonces mandatario, al parecer, actuó en contravía de los intereses del departamento y cambió su posición respecto al proceso de adjudicación del proyecto. En ese sentido, habría permitido que se pasara de una invitación internacional a una selección directa, con el propósito de favorecer a las Empresas Públicas de Medellín (EPM).

En la investigación se conoció que Ramos Botero conoció y avaló cuatro acuerdos, en los que los accionistas nombraron un nuevo gerente de Hidroituango SA ESP y la junta directiva modificó el Manual de Contratación para permitir que uno de los socios, entiéndase EPM, fuera designado como contratista.

Adicionalmente, se conoció que el exgobernador realizó varias visitas a la Presidencia de la República y a la Consejería de las Regiones, en mayo y junio de 2010, para recibir apoyo a la modalidad de contratación directa que fue escogida.

De esta manera, el 30 de marzo de 2011, Hidroituango S.A. suscribió con EPM el contrato BOOMT (Build, Owner, Operate, Manteining and Transfer) para la ejecución del proyecto energético más importante del país. Con esto se habrían desconocido los principios de buena fe contractual, planeación, transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva.

Tras conocer esta decisión el exmandatario se pronunció a través de su cuenta de Twitter señalando que no aceptó el cargo imputado: