Por José Granados Fernández
Twitter @JoseGranadosF

En municipios de Bolívar y Córdoba, así como en otros 10 departamentos, los grupos armados ilegales Farc, ELN y Autodefensas Gaitanistas siguen teniendo el control social e imponen la justicia de facto, es decir por la fuerza, coaccionando a la población, sustituyendo el orden jurídico institucional a tal punto que hasta han establecido horarios para la movilización nocturna o deciden los colores que no pueden vestir los pobladores.

El complicado escenario de violencia y restricciones de las libertades, al que se siguen sumando casos de reclutamiento forzado de menores de edad y hechos de explotación sexual contra estos, es descrito en el nuevo informe que presentó la Organización de Estados Americanos, OEA, en su seguimiento al proceso de paz de Colombia.

Tras su visita a 585 centros poblados, la OEA advierte que “la imposición de la justicia de facto (…) conlleva a la sustitución de las funciones del Estado, y, al mismo tiempo, a la ocurrencia de agresiones directas a la vida, libertad, integridad personal y seguridad física de la población”.

Señala que, aprovechando la debilidad institucional, los grupos armados ilegales dan órdenes o regulan asuntos inherentes a la convivencia ciudadana y las relaciones personales; también toman decisiones administrativas, penales, civiles, medioambientales, entre otras. “(…) el incumplimiento de normas de conducta y convivencia y del pago de extorsiones acarrean represalias que van desde multas y trabajos forzados, hasta amenazas, desapariciones y desplazamientos forzados y homicidios”, dice el informe.

Lo que documentó la OEA entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2022 es, lamentablemente, lo mismo que el pasado lunes describió en Emisora Atlántico el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, sobre la situación de violencia y criminalidad que, sin control de parte del Gobierno Nacional y la falta de acción de las Fuerzas Armadas, hoy imponen las disidencias de las Farc en ese Departamento.

Es tal la falta de control territorial por parte del Gobierno Nacional que en regiones de Antioquia y Nariño las Farc han instalado vallas con sus propias normas de tránsito sobre el control de velocidad, restricciones al uso de cascos a los motociclistas o de vidrios polarizados en los carros, y la obligación de mantener las ventanas de los vehículos abajo durante su desplazamiento por el área rural, revela el informe.

A la gente la obligan a inscribirse en las Juntas de Acción Comunal, deben participar en actividades comunitarias y carnetizarse. Los carnés son exigidos por los grupos armados ilegales en puestos de control para identificar y limitar a quien transita por el área rural.

“Bajo esta misma lógica, es frecuente que, a personas foráneas, instituciones del Estado, organizaciones internacionales y no gubernamentales que pretendan ingresar a algunos territorios se les requiera tramitar una autorización o permiso del grupo armado ilegal, indicando en ocasiones el nombre, placa del medio de transporte y número de ocupantes”.

Tras leer el informe de la OEA, Luis Fernando Trejos, académico e investigador de los fenómenos de violencia en el país, explicó que cuando el Estado y las instituciones son reemplazadas por grupos ilegales se conoce como la “gobernanza armada del territorio”.

Esa gobernanza armada impuesta por las Farc, el ELN y las Autodefensas Gaitanistas se refleja, de acuerdo con la OEA, en que en zonas rurales de Antioquia, Arauca, Meta, Nariño, Norte de Santander y Putumayo “han limitado la movilidad” de funcionarios de la Agencia de Renovación del Territorio, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Parques Nacionales Naturales, a quienes los retienen, les preguntan los motivos de su presencia en el territorio y les revisan celulares y computadores.

“En algunos casos a los funcionarios les fue permitida la continuación de los recorridos, mientras que en otros estos fueron interrumpidos forzosamente por orden del grupo armado ilegal”, revela la OEA.

Caso similar sucede en Cauca y Nariño donde las Farc exigen una carta de autorización firmada por su comandante para permitir la entrada en esos territorios. En Córdoba, las Autodefensas Gaitanistas prohibieron vestir de rojo y verde oscuro, y usar elementos que cubran el rostro como gorras y gafas.

El control social de los grupos al margen de la ley que asumen funciones gubernamentales llevó a que en Santa Rosa del Sur, Bolívar, las Farc amenazó a directivos de instituciones educativas rurales para que nombre los docentes faltantes o de lo contrario ellos los designarán; en ese mismo pueblo, así como en Cumbal, Nariño, y Sardinata, Norte de Santander, el ELN impidió la instalación y funcionamiento del internet, afectando a las comunidades.

En el Catatumbo, las Farc someten a trabajos forzados a los consumidores de drogas; en Tibú censó los establecimientos comerciales para que paguen extorsiones. Quien no lo haga corre el riesgo de que le cierren el negocio, lo obliguen a irse del municipio o lo amenazan con reclutarles a sus hijos.

Eduardo Palencia Ramos, doctor en métodos de solución de conflictos, profesor e investigador de la Universidad Simón Bolívar, cuestiona lo que sucede y señala que esos hechos demuestran que no hay un Estado.

Trejos subraya que el informe de la OEA deja de presente que en Colombia, desde el año pasado, vivimos “la profundización del control territorial por parte de grupos armados y, a su vez, hay una especie de repliegue de la institucionalidad o la legalidad en esos espacios”. Con preocupación también habla de una “fragmentación de la violencia”.

El investigador Palencia Ramos manifiesta que, si bien la violencia es un fenómeno de muchos años, el Gobierno Nacional, en nombre del Estado, debe asumir las soluciones, llevando el proceso de paz que ha puesto en marcha a las regiones.

En su análisis, el profesor Trejos expone una especie de nueva estrategia de parte de los grupos armados ilegales al “dosificar la violencia” en el control de los territorios, con una menor intensidad del conflicto en cuanto a enfrentamientos, para que, de esa manera, el Gobierno Nacional no vea la necesidad de intervenir. Como ejemplo menciona lo que viven en los Montes de María.

La OEA expresa que es urgente poner en marcha una estrategia de paz que solucione las dinámicas de violencia en todo el país. Recomienda que en las zonas urbanas y rurales se emprenda un “examen riguroso de la política de lucha contra las drogas, teniendo en cuenta que la narcoactividad sigue siendo un factor central en la dinamización de la violencia”. Y dice que hay que “avanzar de manera articulada con una estrategia de seguridad integral en los territorios”, como elementos indispensables para generar condiciones que posibiliten la consecución de la Paz Total.

Eso mismo, en palabras del gobernador Juan Guillermo Zuluaga significa respaldar la paz, “pero no a cualquier precio; no la paz que pone en riesgo a los ciudadanos y hace envalentonar a los bandidos”, que es lo que peligrosamente describe el informe de la Organización de Estados Americanos.