El Gobierno excluyó 253 nombres de las listas entregadas por las FARC para recibir los beneficios jurídicos por acogerse al proceso de paz porque no pertenecen a esa organización y en algunos casos están pedidos en extradición por narcotráfico.

Así lo aseguró hoy el Alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, quien leyó un comunicado en el que precisa que las listas presentadas por las FARC incluyeron 14.178 nombres, entre guerrilleros y milicianos que llegaron a las 26 zonas veredales transitorias de normalización y personas privadas de la libertad.

"Del listado de personas privadas de la libertad presentados por las FARC, 251 nombres fueron excluidos de las listas, después de activar el mecanismo conjunto de solución de diferencias (...) y de determinar caso por caso que no hicieron parte de esa organización", dijo Rivera en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo.

Además, de la lista presentada por las FARC como de guerrilleros y milicianos reunidos en las zonas veredales, el Gobierno excluyó a Tito Aldemar Ruano Yandun y Francisco Pineda Paredes, "en razón de su no pertenencia a dicha organización" y a que "ambos están solicitados en extradición".

En una de las listas entregadas por las FARC, ahora convertidas en partido político, "se encontraban 19 narcotraficantes solicitados en extradición", procesos que debe agilizarse con la exclusión.

Entre ellos, Rivera citó a Segundo Alberto Villota Segura, de quién no dio más detalles ni tampoco precisó cuáles países reclaman en extradición a los supuestos narcotraficantes.

El Alto Comisionado para la Paz señaló que de los 14.178 nombres incluidos en las listas de las FARC, su oficina ha acreditado a 11.345, equivalentes al 80 % del total.

Del grupo de aprobados, 8.322 fueron registrados como guerrilleros y milicianos en las 26 zonas veredales, 52 son extranjeros y 2.971 están presos.

La Oficina del Alto Comisionado también retiró de los listados a Mesías Salgado Aragón, conocido con el alias de "Rodrigo Cadete", quien hace unas semanas decidió desertar y sumarse a las disidencias de las FARC en el sur del país.

Por esa razón, "perdió todos los beneficios y una vez las autoridades competentes reactiven su orden de captura, deberá ser juzgado por la justicia ordinaria".

También fueron sacados de las listas 32 gestores de paz a quienes se les retiró esa facultad al tiempo que "se le comunicó a la autoridad judicial correspondiente para la reactivación de sus órdenes de captura".

Los acreditados como miembros de las FARC podrán acogerse a la Justicia Especial para la Paz (JEP), mecanismo que forma parte del acuerdo firmado el año pasado con el Gobierno y que incluye tratamientos especiales ante la ley.

La JEP será la encargada de calificar jurídicamente las conductas graves cometidas por los actores del conflicto armado bajo las normas del Código Penal Colombiano, del Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos (DIDH), del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y del Derecho Penal Internacional (DPI).

EFE