El Canciller Luis Gilberto Murillo señaló ante el Consejo de Seguridad de la ONU que el Gobierno Nacional está trabajando un plan de impulso para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz fundamentado en seis puntos liderados por el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. 

Estos son: 

1. Implementar rápidamente el esquema de transformación territorial basada en los PDET (Chocó, Quibdó, el Pacífico, Buenaventura, Tumaco, el sur de Bolívar, la Sierra Nevada de Santa Marta con sus pueblos indígenas y otras zonas del país en el sur, en Putumayo,)

2. Acelerar el acceso a tierras y la implementación de los Planes Nacionales de la Reforma Rural Integral.

3. Fortalecer el enfoque de seguridad. Muy importante la seguridad humana, precisamente enfocada en la protección de las víctimas, de la población civil, para evitar las amenazas y proteger a signatarios, a los firmantes del acuerdo, a los defensores de derechos humanos, a las mujeres, niñas y niños afectados por el conflicto y que muchas veces son reclutados. Este componente de la seguridad es sumamente importante.

4. Impulsar la agenda legislativa para remover los obstáculos estructurales que impiden la efectiva y completa implementación del acuerdo de Paz

5. Avanzar en el Acuerdo Nacional para la implementación de este histórico acuerdo porque se requiere de un compromiso de toda la sociedad colombiana para su implementación.

6. Fortalecer la Institucionalidad y Gobernanza para la Paz en Colombia. 

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Sin embargo, Murillo resaltó que "se identificaron obstáculos como la deficiente estructura y falta de capacidades institucionales para la implementación, la insuficiencia en los recursos asignados, que lo mencionaba el señor representante especial del secretario general; la persistencia de la violencia en territorios históricamente afectados por el conflicto, entre otros desafíos".

Pero recalcó en la presentación del informe trimestral de la Misión ONU Colombia que hay compromiso "firme" en lo pactado y destacó que "hemos avanzado en la formalización de más de 3 millones hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural, que benefician a más de 70 mil familias campesinas y más de 52 mil familias étnicas, afrodescendientes e indígenas".

También expuso que se han reglamentado aspectos fundamentales como las reservas campesinas o la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.