Luego del fallo de la Corte Constitucional que dejó en pie la ley estatutaria de la JEP pero sin los cambios que impulsó el pasado Congreso se generó una dura polémica por la aprobación de la conexidad con la rebelión el delito de abuso de menores.

En medio del acalorado debate en las redes sociales,  pocos advirtieron que una magistrada que por lo general ha apoyado los fallos a favor de la implementación de los acuerdos se apartó de la decisión. Hablamos de Gloria Ortiz quien salvó su voto en la decisión que libera a los miembros de las Farc de su compromiso de responder penalmente a la sociedad por estos delitos atroces cometidos en medio de la confrontación armada contra la población civil inerme.

Según fuentes de la alta corte, Ortiz adelantó silenciosa y solitaria una campaña al interior de la institución para hacer entender a los siete magistrados que votaron, porque un octavo no asistió a la sesión, las implicaciones legales y sociales de semejante decisión.

Poco o nada oyeron sus compañeros de magistratura que con argumentos jurídicos que se separaban de los suyos tomaron una decisión siete a uno.

Ortiz, una abogada constitucionalista con una trayectoria apreciable que sabe que los fallos deben hablar por los magistrados evitó contarme intimidades de esa votación.

Eso sí, le pregunté por su posición, en un encuentro casual en la noche del viernes y me dejó claro que nunca compartirá una decisión como esta y cómo otras que se toman allí. En mi opinión es coherente que una magistrada siempre preocupada por los derechos y la justicia social hoy salve su voto en un tema tan delicado con las personas más vulnerables en medio de un conflicto como el colombiano.

A ella como a mí nos preocupa eso sí, que no se sepa públicamente que se apartó de esa decisión y que se crea que en la corte todo se está decidiendo de manera unánime.

Por Óscar Ritoré

oscarritore.blogspot.com