La Procuradora General de la Nación radicó una queja ante el Consejo Superior de la Judicatura, por la no convocatoria de los procuradores judiciales penales a las diligencias donde se decretó la libertad de dos jóvenes de la llamada ‘Primera Línea’ que serán voceros de paz.

El anuncio lo hizo la jefa del Ministerio Público, Margarita Cabello Blanco, quien denunció que tampoco se les compartió información para actuar en esos casos, y que la coordinadora del Centro de Servicios Judiciales del complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá, que firmó las órdenes de libertad, no tendría la competencia para otorgarlas.

La procuradora indicó que las denuncias serán remitidas en caso de que “haya habido alguna irregularidad en la emisión de esas órdenes de libertad”.

También recordó que los representantes de la Procuraduría deben ser citados a las audiencias ante los jueces de control de garantías, que son los autorizados para emitir las órdenes de libertad correspondientes.

Se trata de Santiago Márquez Charry y Adriana Bermeo, investigados por delitos como concierto para delinquir y violencia contra servidor público, quienes recuperaron su libertad para actuar de ahora en adelante como voceros de paz asignados por el Gobierno Nacional.