La priorización de los delitos que afectan los recursos naturales le permitieron a la Fiscalía intervenir y frenar el grave daño ambiental contra una importante zona de reserva en el Parque Nacional Natural Tayrona, en Santa Marta (Magdalena).

La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía, en un trabajo articulado con la Dijin de la Policía Nacional, identificó tres predios con una extensión cercana a las 500 hectáreas, en Bahía Concha y verificó la existencia de construcciones de concreto para fines turísticos y explotación comercial, un deterioro de las fuentes hídricas, quemas y pérdida de capa vegetal, entre múltiples irregularidades que vulneran las disposiciones legales de preservación de una de las más ricas reservas de diversidad biológica y cultural en el mundo, reconocida internacionalmente por Unesco en 1979.

"Estos tres bienes, avaluados comercialmente en 25 mil millones de pesos, fueron afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro. Las diligencias de ocupación se cumplieron con el apoyo de la Policía Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana", explicó la Fiscalía en un comunicado.

Atentado a una reserva natural

En las investigaciones, que contaron con el acompañamiento de personal especializado de Parques Nacionales, se hizo un detallado análisis del grave daño que habrían ocasionado las obras o adecuaciones realizadas por los titulares de los tres bienes ocupados con fines de extinción de dominio.
 

En el predio denominado Villa Concha, de 12 hectáreas de extensión, se constató que una quebrada fue intervenida con actos de remoción, excavación y ampliación del cauce natural. Esta situación anuló los procesos de regeneración natural y ocasionó desplazamientos locales de fauna, cambios paisajísticos y pérdida de servicios ecosistémicos.

De otra parte, en el bien Playa Bahía Concha se encontró un hostal con infraestructura en concreto, cocina, baterías de baños, tanques elevados, maquinaria, kiosco, pozo séptico y otro tipo de construcciones en un terreno de 223 hectáreas.

Esta actividad de explotación turística, además de desconocer las prohibiciones y el régimen de usos que definió la ley para proteger al Tayrona, propició cambios físicos del suelo, destrucción de flora, migración de fauna, déficit hídrico y pérdida de la biodiversidad en los cuerpos de agua.

Finalmente, en la propiedad de nombre Bocono, fue encontrada una bodega con artes de pesca, baterías de baños, restaurante, kioscos, muros y diferentes estructuras en madera y concreto. De igual manera, se evidencio vertimiento de residuos y sustancias peligrosas, y desviación de los cauces de aguas.

Los bienes ocupados quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).