Pese a las molestias e inconformidad de los usuarios, por el evidente retraso en la ejecución de las obras de modernización del aeropuerto internacional ‘Ernesto Cortissoz’ y contrario a las decisiones que se pudiesen adoptar para exigirle al concesionario el pleno cumplimiento del proyecto, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) eximió a los contratistas de cualquier tipo de responsabilidad. Así lo conoció en primicia Zona Cero y Atlántico en Noticias.

Aplicando la denominada cláusula de ‘Evento Eximente de Responsabilidad’ (EER), la ANI ha aceptado los requerimientos del Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S., concediéndole la ampliación de los plazos solicitados.

Esto significa que, por el momento, el concesionario quedó ajeno de cualquier responsabilidad por los retrasos que se han registrado en desarrollo de este proyecto.

La más reciente decisión está contenida en la ampliación del acta de declaratoria de ‘Evento Eximente de Responsablidad’ (EER), suscrita por el Vicepresidente de Gestión Contractual de la ANI, Luis Eduardo Gutiérrez Díaz; el representante legal del concesionario, Juan Francisco Herrera Bojanini y el interventor, David Ardila Briceño (Consorcio Interaeropuertos).

En ella la ANI reconoció y aceptó que “el reforzamiento estructural y la imposibilidad de restitución y/o reubicación de áreas entregadas a tenedores de espacio, en virtud de contrato de arrendamiento cedido por la Aeronáutica Civil y la actuación en lo referente a la adecuación del Centro de Control” impactó en la ejecución de las obras del primer período de intervención en 10 meses después de la fecha planteada, “así como las obras del segundo período de intervención”, en documento conocido por Zona Cero y Atlántico en Noticias.

A lo largo de este contrato de concesión, suscrito el 5 de marzo de 2015 y con acta de inicio del 15 de mayo del mismo año, también figura la aplicación de esta eventualidad para varios ítems del proyecto.

Por ejemplo, el 12 de junio de 2018 la ANI reconoció y aceptó que la aprobación del Plan Maestro “por fuera de los términos contractuales y con un alcance superior al inicialmente pactado, impactó la aprobación de las bases de diseños y la ejecución de las obras en 10 meses y 3 días después de la fecha inicialmente planteada”.

Luego, el 17 de abril de 2019, la declaratoria de EER fue nuevamente ampliada, por solicitud del Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S., argumentando “el impacto que generó en las obras la imposibilidad de restituir y/o reubicar de las áreas dadas en arrendamiento a Milena Buelvas (peluquería Lmage Deluxe) y la de realizar las pruebas requeridas dentro del edificio del Centro de Control”.

Zona Cero y Atlántico en Noticias conoció que En esta oportunidad también se le reconoció la ampliación del plazo solicitado, 10 meses a partir del 22 de abril de 2019, y se dispuso un pago adicional para la interventoría por 852 millones 60 mil pesos, en tres aportes por 284 millones 20 mil pesos, cada uno.

Los alcances de esta ampliación fueron modificados el 23 de octubre de 2019 tras considerar que la reubicación de la peluquería se produjo el 3 de junio del mismo año. En consecuencia, se le otorgó al concesionario un plazo adicional de 72 días “para la culminación de las actuaciones que componen el primer período de intervención”.

Así las cosas, el directamente beneficiado por estas decisiones de la ANI es el mismo concesionario, mientras los usuarios se mantienen angustiados por las condiciones en que aún se encuentran las obras del ‘Ernesto Cortissoz’.

En concreto, resultan beneficiarias las siguientes firmas que están a cargo de la concesión, con sus respectivos socios, conocidos por Zona Cero y Atlántico en Noticias:

- Valores y Contratos S.A. (Valorcon S.A.), con el 41,5% de participación. Principales: Mauricio Antonio Gerlein Echeverría, Jaime Alfredo Massard Ballestas y Roberto Rivas Ramírez. Suplentes: Margarita María Muñoz Palacio, Mario Marino Villa y Jorge Jaramillo Henao.

- Equipo Universal S.A., con el 41,5% de participación. Principales: Juan Francisco Herrera Bojanini, Gabriel Montoya De Vivero, Ana Lucía Dugand Ocampo, Jorge Martínez Aparicio de la Peña y Jorge Ramiro Navarro Reyes. Suplentes: María Victoria Herrera Bojanini, Silvana Margarita Montoya De Vivero, Juan Carlos Vilariño Amalfi, Juan Eduardo Vilariño Amalfi y Martha Inés Cepeda de Navarro.

- Inversiones Milenium Azcipo S.A.S., con el 17% de participación. Principales: Samuel Roger Azout Papu, Álvaro Ramón González Serje, Regulo Antonio Diazgranados Lozano y Fernando Alberto Cepeda Sarabia. Suplentes: Alberto Azout Zafrani, Carlos Ernesto González Serje, Arnaldo del Valle Orozco y Alberto Rafael Cepeda Sarabia.

Lo que llama la atención de la firma Inversiones Milenium Azcipo S.A.S., es la presencia en ella, como socio principal, de Samuel Roger Azout Papu, quien a través de las redes sociales se muestra muy activo criticando a los medios de comunicación que según él patrocinan la corrupción política.

“La política barranquillera es escandalosamente corrupta. Los medios locales comprados con publicidad y dinero la protegen de manera sistemática. Y engañan al pobre pueblo con el Junior y con migajas. Mala gente!”, dijo en uno de sus trinos y que sospechosamente fue borrado.

En otro trino dijo: “Una ciudad en la cual los periodistas tienen miedo de criticar a los mandatarios por  temor a perder su empleo o la publicidad está condenada al subdesarrollo y al atraso. Nota: No hagas RT ni like si crees que hacerlo puede afectar tu carrera”.

Así, Samuel Roger Azout Papu se cree con licencia para criticar y cuestionar, pero predicando lo que no práctica.

Más bien, tal parece que fuese el único con licencia para aliarse con los que él llama “corruptos” de la política barranquillera.

En efecto, para nadie es un secreto que la firma Valores y Contratos S.A. (Valorcon S.A.) tiene como cabeza visible al empresario Julio Gerlein Echeverría, el mismo que está envuelto en el escándalo de corrupción electoral del denominado caso de ‘La Casa Blanca’, develado tras la captura y condena de la excongresista Aida Merlano Rebolledo.

Además, en la misma firma tiene como socios a Fernando Alberto Cepeda Sarabia (principal) y Alberto Rafael Cepeda Sarabia (suplentes), hermanos del Senador conservador Efrain Cepeda Sarabia.

En estos casos, Azout Papu está aliado con los que él mismo señala de “política corrupta” en Barranquilla, por involucrar a todos sin excepción, pero mantiene silencio cómplice frente al hecho que enreda a su socio en la concesión aeroportuaria, Julio Gerlein Echeverría.

Es la doble moral de muchos personajes en Barranquilla que tiran la piedra y esconden la mano. Que miran la paja en el ojo ajeno, pero no ven el tronco que tienen en el suyo.

Estos son los personajes de ‘vuelo alto’, convertidos en unos verdaderos ‘aviones’ y que se esconden en los hangares de las redes sociales.