La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó al alemán Christian Salazar Volkmann, exdirector en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, y al excomisionado de Paz Sergio Jaramillo, para declarar como testigos en una investigación sobre las ejecuciones de civiles cometidas por el Ejército, conocidas como "falsos positivos".

La investigación abarca el periodo 2005-2008, durante el cual Jaramillo fue viceministro de Defensa para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, antes de convertirse, años después, en comisionado de Paz y uno de los artífices del acuerdo de paz con las FARC firmado en 2016.

Igualmente fueron citados a diligencias de declaración jurada otros altos exfuncionarios del Ministerio de Defensa y de la Vicepresidencia, "para que entreguen información en el marco del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como agentes de Estado".

"A la toma de testimonios, que se llevarán a cabo entre el 20 de noviembre de 2023 y el 23 de enero de 2024, fueron llamados: Eduth Claudia Hernández Aguilar, Elena Ambrosi Turbay, Mónica Cifuentes Osorio, Carlos Franco Echavarría, Andrés Mauricio Peñate Giraldo y Sergio Jaramillo Caro, así como el brigadier general del aire (r) Juan Carlos Gómez Ramírez y Christian Salazar Volkmann", detalló la JEP en un comunicado.

Elena Ambrosi y Mónica Cifuentes también hicieron parte del equipo del Gobierno que negoció la paz con las FARC.

Todos los citados son "antiguos funcionarios del Ministerio de Defensa y de la Vicepresidencia de la República entre los años 2005 y 2008" y fueron llamados como parte de "las labores de recaudo y contrastación de información en las que avanza la Sala de Reconocimiento de Verdad".

"La necesidad, pertinencia y utilidad de escucharlos se adoptó por los cargos que ocuparon como asesores en DD.HH. para la época de los hechos (...) es decir, por la información a la que pudieron tener acceso y que podrían aportar a la investigación sobre la comisión de los crímenes, el trámite de sus denuncias y las medidas institucionales que se adoptaron para prevenirlos", precisó la JEP.

Los llamados deben atender la diligencia y "responder a los interrogantes de manera comprometida con el deber de responder con la verdad, sin perjuicio de las garantías procesales consagradas en la ley", así como podrán aportar de forma voluntaria el material documental que respalde sus testimonios.

Con el nombre de "falsos positivos" se conoce en Colombia la ejecución de jóvenes de bajos recursos por parte de miembros del Ejército que los reclutaban con falsas promesas de empleo y, una vez asesinados, los presentaban como guerrilleros muertos en combate para mostrar resultados a sus superiores y de esta forma obtener premios y otros beneficios.

La JEP, el tribunal especial creado por el acuerdo de paz y que es el que más lejos ha llegado juzgando este episodio, ha determinado que las fuerzas armadas desarrollaron un "patrón macrocriminal" en el que participaron también los paramilitares y que acabaron con la vida de al menos 6.402 jóvenes.

EFE