En un acto masivo que se llevó a cabo en el Hotel El Prado, como parte de una Feria de Servicios del Estado, 342 víctimas de desplazamiento forzado, violencia sexual y secuestro, residentes en diferentes municipios del Atlántico, recibieron la carta de indemnización administrativa por parte de la Unidad para las Víctimas, en cumplimiento al derecho a la reparación consagrado en la Ley 1448 de 2011.

Al departamento del Atlántico le fueron asignados para el 2017 un total de $16.198 millones representados en 2.443 cartas de indemnización a víctimas, de las cuales se han entregado 1.607, por un valor de $12.500 millones. De ese monto, la Unidad para las Víctimas hizo efectiva hoy la entrega de 342 indemnizaciones por un valor total de 2.499 millones 44 mil 706 millones de pesos.

Cada persona beneficiada puede ir a una institución financiera determinada a cambiar la carta por dinero e invertirlo en lo que a bien tenga con el objetivo de mejorar su calidad de vida.

Alfredo Palencia, Director Territorial de la Unidad para las Víctimas en el Atlántico, instaló el evento invitando a las víctimas de manera jocosa a hacer el mejor aprovechamiento de los recursos para que no los agoten antes del 31 de diciembre de este año, así mismo anunció que el próximo mes habría una nueva jornada de pagos.

“Este es un acto que se está desarrollando en todo el país, demostrando que el Gobierno colombiano está cumpliendo con los procesos de indemnización de las víctimas afectadas por el conflicto armado; sabemos que son muchas las que aún esperan su pago porque es imposible repararlas a todas en un mismo momento, pero es una muestra de que estamos avanzando y antes de que finalice el año esperamos desarrollar otra entrega más”, afirmó Palencia.

Algunas de las víctimas presentes durante el acto de indemnización, expresaron y compartieron cuáles son sus ideas y proyectos familiares para hacer el mejor uso de dicha compensación monetaria. Entre ellas, Hortencia, desplazada en el 2005 de la vereda Capacá, en el Carmen de Bolívar, quien desea mejorar el estado de su vivienda. “Nos mandaron a desalojar y me vine para Sabanagrande con mi esposo e hijo, ya llevo más de 10 años allí y quiero terminar de construir mi casa, mejorarla e invertir en algún negocio”, expresó emocionada.

Otra persona beneficiada fue Manuel, de San Jacinto, Bolívar, en donde la guerrilla, el Ejército, y los paras se enfrentaban constantemente. Él asegura no querer volver a esa tierra luego de 17 años de haberse desplazado y radicado en Barranquilla.

“Se formaban esas ‘plomerías’ y le tocaba a uno tirarse al suelo, y como estábamos en medio de los tres bandos no hallábamos para dónde coger, duramos cuatro años así, pero ya luego tocó fue desalojar y dejar todo tirado. En el 2001 llegué aquí a rebuscarme con mi esposa e hijos como vendedor ambulante, ahora me dedico a la albañilería; sin embargo, cuando las cosas se ponen difíciles, vuelvo y salgo a las calles a vender aguacate, yuca o pescado”, contó Manuel.

Entre tanto, Ana, de Majagual, en Sucre, desplazada en el 2003 tras el secuestro de su hermano, sueña con que este recurso le alcance para invertir en una casa propia. “No tengo casa y por eso esta indemnización deseo invertirla en la cuota inicial de una casa, espero me alcance”, afirmó.

Las otras entidades presentes en la Feria de Servicios del Estado también presentaron su oferta de servicios a las personas sobrevivientes del conflicto armado. El Sena dio a conocer las oportunidades y programas a las que pueden acceder las víctimas de manera gratuita y sin necesidad de tramitadores. El instituto de Bienestar Familiar y la Secretaría de Salud del Atlántico les ofrecieron programas de acompañamiento y orientación psicosocial. Allí también estuvieron el Fondo Nacional del Ahorro y el Departamento de Prosperidad Social, los cuales explicaron a las víctimas las rutas y procesos que deben realizar para solicitar vivienda o créditos para un negocio productivo.