La Contraloría Delegada para el sector de la Infraestructura dio a conocer este martes su concepto tras adelantar una Actuación Especial de Fiscalización a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, para evaluar la ejecución del Contrato de Concesión bajo el esquema APP Nro. 003 de 2015 - Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, sus otrosíes modificatorios y su contrato de interventoría Nro. 196 de mayo 12 de 2015.  

Recordemos que este contrato está a cargo del Grupo Aeroportuario del Caribe SAS, integrado por las sociedades Valorcon S.A. (41,50%); Equipo Universal S.A. (41,50%) e Inversiones Milenium Azcipo S.A.S. (17,00%), al tiempo que la interventoría ha estado a cargo del Consorcio Interaeropuertos S.A.S., conformado por Inzett S.A.S. (Alberto Gómez Kasperson), GNG Ingenieria S.A.S. (Jorge Gómez Falla) y J. Felipe Ardila V & CIA S.A.S. (David Ardila Briceño).

La Contraloría hizo varias consideraciones, sin embargo, hay que destacar la parte del inicio de su concepto.

Advierte que transcurridos ocho años desde la suscripción del contrato de concesión APP 003 de 2015, "se tienen avances poco representativos en relación con la adecuación y modernización tanto del lado aire como del lado tierra del Aeropuerto Ernesto Cortissoz".

"De igual manera, se presentan deficiencias en el cumplimiento de actividades de mantenimiento en las diferentes áreas del aeropuerto que en algunas ocasiones han afectado las condiciones de seguridad de la operación de éste y la comodidad de los diferentes usuarios", enfatiza la Contraloría Delegada.

La evaluación se realizó durante el periodo comprendido entre junio de 2021 y diciembre de 2022.

En ese lapso, se presentaron diferentes situaciones de deterioros y/o inadecuado funcionamiento de algunas de las áreas, instalaciones, vehículos, equipos y sistemas, cuyo mantenimiento está a cargo del Grupo Aeroportuario del Caribe SAS, de acuerdo con lo consignado en el contrato de concesión.

"Estas situaciones se presentan tanto en áreas del lado aire como del lado tierra y constituyen riesgos latentes a la seguridad aeronáutica y operacional, así como desmejora en el confort para los diferentes usuarios de la infraestructura aeroportuaria", señala la Contraloría en sus conclusiones.

Las actuaciones desarrolladas por el Concesionario correspondieron a la ejecución de las obras relacionadas con las etapas de intervención 2, 3 y 4 del tercer periodo de intervención. "Sin embargo, la ejecución fue precaria entre julio y diciembre de 2021 y no hubo desarrollo durante toda la vigencia 2022", advierte la Contraloría.

"Bajo estas circunstancias no se lograron los resultados esperados con la terminación de las obras de adecuación, modernización y mantenimiento del aeropuerto de las etapas 2 y 3 del periodo de intervención 3 y por lo tanto se vio afectada la oferta de disponibilidad de espacios para la prestación de servicios en mejores condiciones para los usuarios del aeropuerto", añadió.

De otra parte, consideró conveniente las condiciones particulares bajo las cuales se desarrolló el contrato de concesión durante el periodo objeto de evaluación, afectadas de manera importante por las medidas cautelares decretadas por el Tribunal de Arbitramento que impidieron a la ANI adelantar procesos sancionatorios ante eventuales incumplimientos del concesionario.

Adicionalmente, el Laudo Arbitral proferido el 29 de mayo de 2023, consideró entre otras cosas que, por las afectaciones económicas del Concesionario, producto de la emergencia sanitaria por el covid-19 y las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, para evitar los contagios y mitigar los efectos de la pandemia, lo que implicó la parálisis y reducción de las operaciones aéreas, el Concesionario no estaba en posibilidad de cumplir a cabalidad las obligaciones contraídas en el contrato de concesión APP 003 de 2015.  

Sobre la imposibilidad de la ANI de adelantar procesos sancionatorios por incumplimientos del concesionario por las medidas cautelares impuestas por el Tribunal de Arbitramento, y la decisión del Laudo Arbitral relativa a la imposibilidad del concesionario de cumplir sus obligaciones a causa de la emergencia por el Covid-19, la CGR "considera que como resultado de la Actuación Especial de Fiscalización efectuada sobre los contratos objeto de análisis, se establece que la gestión fiscal realizada por la ANI bajo las condiciones particulares existentes durante el periodo objeto de evaluación con ocasión del Tribunal de Arbitramento con laudo proferido el 29 de mayo de 2023, se ajusta a los principios de la administración pública de eficacia, eficiencia y economía".

En la Actuación Especial de Fiscalización no se establecieron hallazgos, teniendo en cuenta tanto las condiciones bajo las cuales se desarrollaron los contratos de concesión e interventoría durante el periodo objeto de evaluación, como la decisión del Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, respecto de las diferencias contractuales entre el concesionario y la ANI.  

No obstante, pese a no haber establecido hallazgos es sumamente pertinente el concepto emitido por la Contraloría Delegada, pues el Grupo Aeroportuario del Caribe SAS tuvo 8 años para realizar la modernización y como bien advierte esta área de la Contraloría General de la República, hubo avances "poco representativos".

Lo anterior afectó directamente a los usuarios nacionales e internacionales y actualmente el aeropuerto se encuentra a la deriva tras el laudo arbitral.

La modernización del aeropuerto 'Ernesto Cortissoz' nunca estuvo a la altura del progreso de Barranquilla.

Actuación Especial de Fiscalización de la CGR a la Agencia Nacional de Infraestructura by Zona Cero on Scribd