El próximo miércoles 18 de mayo, el Defensor del Pueblo, Alfonso Cajiao Cabrera, junto a la Delegada para los Derechos de la Niñez, se desplazará a La Habana para integrar la mesa técnica que según el Acuerdo 70 alcanzado entre el Gobierno y las FARC para la desvinculación de los menores de edad que hacen parte de ese grupo guerrillero, debe entregar en un plazo de 15 días una propuesta de protocolo para la salida y asistencia a esa población infantil.

A pesar del tiempo transcurrido en medio del incesante clamor de diferentes instituciones nacionales e internacionales, incluida la misma Defensoría que desde hace 8 meses elaboró y presentó una iniciativa en este sentido, el organismo de control para los derechos humanos en Colombia recibió con beneplácito el anuncio hecho por las partes y ofreció toda su disposición y experiencia en el terreno para avanzar en la construcción de la hoja de ruta requerida y para propiciar el regreso de los niños, niñas y adolescentes inmersos en el conflicto al seno de la sociedad.

La propuesta formulada por la Defensoría del Pueblo en su momento, estableció un decálogo de condiciones mínimas para asegurar los derechos fundamentales de los menores de edad partícipes de la guerra:

1. Reconocimiento de las víctimas.

2. Reconocimiento de responsabilidad.

3. Satisfacción de derechos.

4. Participación de las víctimas.

5. Esclarecimiento de la verdad.

6. Reparación a las víctimas.

7. Garantías de protección y seguridad.

8. Garantías de no repetición.

9. Principio de reconciliación.

10. Enfoque de derechos.

Tal como lo acordaron el Gobierno Nacional y las FARC, el protocolo elaborado y puesto a consideración de la Mesa de La Habana por parte de la Defensoría del Pueblo y otras 15 organizaciones nacionales e internacionales, definió los siguientes parámetros como presupuesto para la desvinculación de la población infantil en las filas del grupo guerrillero:

1. Elaboración de una base de datos de los niños, niñas y adolescentes que forman parte de las FARC, considerando características como la edad y el estado de salud.

2. Para el proceso de entrega, priorizar aquellos niños, niñas y adolescentes que se encuentren heridos o en situación de discapacidad.

3. Prelación en la entrega de las niñas y mujeres que se encuentren en estado de embarazo.

4. Entrega urgente de todos los niños y niñas menores de 15 años.

5. Entrega final y definitiva de todos los y las adolescentes cuyas edades oscilen entre los 16 y los 18 años.

De la misma manera, la Defensoría del Pueblo planteó la creación de una comisión de seguimiento para el cese de violaciones a los derechos de la población infantil en el marco del conflicto armado, incluyendo un instrumento de verificación frente a las medidas adoptadas para tales efectos, de tal manera que sirva como insumo para facilitar el reconocimiento de la responsabilidad, el esclarecimiento de la verdad y los procesos de justicia.

El organismo humanitario saludó el Acuerdo 70 de La Habana respecto al tratamiento legal de los menores de 14 años y a las consideraciones respecto de la rebelión y los delitos conexos, pues como lo ha señalado la Defensoría del Pueblo, se trata de menores de edad víctimas antes que victimarios, a la vez que ve con buenos ojos los postulados para el plan transitorio y especial que contempla aspectos como la reintegración familiar, la atención en salud, la educación, las garantías de inclusión de las familias en la oferta estatal y la participación activa de las comunidades en estos programas.

Con base en estos criterios, la Defensoría del Pueblo asumirá igualmente el rol establecido por las partes de cara a la definición de un programa integral para todos los menores de edad incluidos en el Acuerdo, el cual deberá ser presentado a los negociadores para su discusión y aprobación en un término de 30 días.

Cabe recordar que de los cerca de 8 millones de víctimas oficialmente reportadas como consecuencia del conflicto, un millón y medio son menores de edad, 493.600 correspondientes al rango entre los 0 y los 5 años. Así mismo, según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre noviembre de 1999 y marzo de 2016 fueron atendidos 5.969 niños, niñas y adolescentes que sobrevivieron al reclutamiento de los grupos armados ilegales, el 60 por ciento de ellos provenientes de las FARC y siendo las zonas con mayor incidencia frente a este fenómeno Antioquia, Caquetá, Meta, Cauca y Tolima.

Tras los anuncios de las FARC el 12 de febrero de 2015 para poner fin a la incorporación de menores de 17 años y el 10 de febrero de este año entorno a su compromiso de no seguir vinculando menores de 18 años, la Defensoría del Pueblo documentó tres casos de reclutamiento ilícito el 24 de mayo de 2015, así como el 5 y el 23 de noviembre del año anterior en Cauca, La Guajira y Vaupés, respectivamente, los cuales aún no han sido aclarados a la opinión pública. La Entidad confía en que se den las explicaciones correspondientes y en que este esperado Acuerdo sirva para que el Derecho Internacional Humanitario en el caso de los niños, niñas y adolescentes, sea por fin una realidad en Colombia.