Dividir el mercado en tres empresas de distribución auto-sostenibles y autónomas, mezclando segmentos fuertes con zonas dispersas rurales y urbanas de menores ingresos, planteó como solución la exsuperintendente de Servicios Públicos, Evamaria Uribe Tobón a la crisis de energía en la Región Caribe.

La propuesta surge en momentos en que la empresa Electricaribe se encuentra intervenida por la Superservicios y cuando se exploran alternativas de solución para el futuro del servicio de energía en la Región.

Al sustentar la iniciativa, la exsuperintendente sostiene que las empresas deben ser auto-sostenibles asignando, eficientemente los subsidios del Gobierno Nacional existentes y otros nuevos de ser necesarios. Es decir, mantener como mínimo $800 mil millones anuales en subsidios a las tarifas de los estratos 1, 2 y 3 y otros $500 mil millones anuales a través de los fondos Prone y Faer.

“Ya existen proyectos de inversión en redes de transmisión adjudicados y en construcción, los cuales deben ser remunerados a 20 años con las tarifas de conexión y las de uso. Debe minimizarse el riesgo de una nueva empresa muy grande y fracasada y existen empresas colombianas con mucha experiencia y éxito en la operación de sistemas de comercialización y distribución eficientes y de gran acogida”, sostiene.

No obstante, existen restricciones regulatorias de acceso al mercado de comercialización de empresas colombianas exitosas, las cuales es necesario repensar.

Por ello considera necesario minimizar y acotar el impacto de los mercados dispersos propios de la Región Caribe: “Tres empresas regionales estarán más cerca del usuario y de las comunidades para solucionar de manera rápida y cercana los problemas del servicio eléctrico”, argumenta.

De acuerdo con la propuesta, serían tres operadores con contrato de operación a 30 años diseñados de acuerdo con zonas eléctricas claramente identificadas y separables; la asignación a prorrata de la deuda de generadores a cada uno de los operadores y establecer una especie de “fee” de entrada que ellos pueden manejar, renegociar y pagar mediante la operación.

En este sentido también se establecería un “fee” de entrada para el tema laboral: financiamiento de planes de retiro consensuado y renegociación/terminación de convenciones colectivas, a cambio de lo cual los trabajadores tendrían la opción de fundar compañías cogestoras, sin sustitución laboral, con las compañías operadoras. Ello con el fin de preservar el empleo y colaborar con la solución, tal como sucede con el contrato sindical de Cedelca.

La propuesta contempla suscribir con los tres operadores contrato a 30 años y para la deuda financiera se plantean dos alternativas:

- Que los acreedores financieros entren como socios de los operadores seleccionados y se establezcan acuerdos para pagar cierta porción de la deuda (es decir, quitar de deuda a cambio de acciones de una compañía operadora) y,

- Que los acreedores financieros pacten un acuerdo de reestructuración de deuda a determinado número de años

Así, asegura, la gestión operacional paga esta deuda a determinado número de años como parte de un “fee” de entrada, más pagos periódicos

Igualmente incluye que Gas Natural participe en la holding como garantía de que va a cumplir sus obligaciones.

“La gestión tripartita de los operadores debe ser eficiente, auto-sostenible, independiente, bajo tres contratos a largo plazo (25 a 30 años) con obligaciones de inversión, indicadores de eficiencia y metas de cumplimiento. El contrato debe garantizar a Gas Natural que todas la deudas por $4 billones se van a pagar en un plazo máximo de determinado número de años con lo cual Gas Natural retiraría la demanda porque el esquema acogido paga todas sus deudas”, sustentó Evamaría Uribe Tobón.

No obstante, el actual panorama de Electricaribe registra “datos perturbadores” que deben considerarse al momento de tomar una decisión.

Esos “datos perturbadores” corresponden a un pasivo pensional de $1.1 billones, la existencia de 8 convenciones colectivas, una deuda del sector público por $170.000 millones, deuda financiera por $1.9 billones, deudas con los generadores por $150 mil millones y un déficit en inversiones en la red del sistema por $1.2 billones.

Otra situación es la relacionada con los cuestionamientos respecto de las decisiones regulatorias en materia tarifaria, según los cuales “los niveles tarifarios aprobados no garantizan el cubrimiento de los costos de comercialización y distribución”.

En este sentido plantea nuevos incentivos de la fórmula regulatoria para aumentar los ingresos y remunerar inversiones en los próximos 5 años. Así, la nueva fórmula asociada con con la reducción de pérdidas permitiría ingresos adicionales aproximados de $1.8 billones.

El propósito de todo esto es alcanza una gestión eficiente, que tenga en cuenta las diferencias de origen socioeconómico para garantizar un buen servicio, por ejemplo, tanto a la población indígena de La Guajira como a los grandes usuarios industriales de Barranquilla como a los campesinos de La Mojana sucreña

“Todos tienen derecho a recibir un buen servicio que tome en cuenta sus condiciones socioeconómicas, geográficas, humanas, etc”, advierte.

En sintesis, el esquema que se adopte debe garantizar por lo menos una anualidad para pagar las obligaciones pensionales ya contraídas. Igualmente, garantizar un esquema empresarial eficiente y de bajo que costo que reduzca la percepción de riesgo al sector de los generadores y que reduzca los costos de compra del insumo primario, la energía.

Del mismo modo, garantizar que, en un evento de liquidación, el pasivo sea pagado en su totalidad con la venta del activo, de acuerdo con el orden de prelaciones establecido por la Ley.

Finalmente, el esquema de solución empresarial debe tomar en cuenta ciertos aspectos determinantes al momento de tomar una decisión: el de la Costa Caribe es el mercado de distribución más grande del país; los factores sociales, como por ejemplo, la pobreza y la dispersión geográfica, son una realidad; el fomento de empleo local es fundamental para contribuir al desarrollo de la Región y la reducción de la pobreza; el tema laboral es de la mayor importancia; es necesaria la sostenibilidad de largo plazo de la solución adoptada para garantizar las inversiones y su recuperación, además de la garantía de buen servicio y, por último, "que ya existen en el país experiencias colombianas y extranjeras exitosas en distribución y comercialización de electricidad con participación privada y con apoyo de trabajadores y usuarios y de la Región”.