Alicett Polo vio hace 25 años en el proyecto de vivienda de interés social ‘Las Colinas Campestres’ la posibilidad de cumplir su sueño de tener un techo propio.

Para esa época, con el desaparecido Fondo de Vivienda de Interés Social, Fonvisocial, entidad oficial del Distrito, y con un subsidio que ofreció la Alcaldía de Barranquilla, pero que nunca llegó, Alicett se le midió al reto de adquirir un apartamento en esa zona del suroccidente de esta capital.

En promedio, las familias desembolsaron unos 30 millones de pesos de la época.

La firma Fonviconstrucciones  era la asociada con el Distrito, que donó el terreno, pese a las advertencias y los estudios de Ingeominas que ya informaban sobre la existencia de una falla geológica en el suroccidente de la capital del Atlántico. 

“Compramos con la ilusión de tener una vivienda propia, era mi oportunidad de tener un techo, en un buen sector, con servicios accesibles para mejorar la calidad de vida”, dijo Alicett.

Recordó que no pasó mucho tiempo cuando comenzaron a verse fallas en la estructura de las torres. Como eran recientes en esa época los diarios deslizamientos en el barrio ‘Las Terrazas’, había temor entre los propietarios del complejo residencial que albergaba a unas 400 familias.

“Comenzaron a aparecer las fallas estructurales, a levantarse los pisos en los bloques 11 y 13 que fueron los primeros en ser evacuados”.

Para el 2006, las familias presentaron la acción popular ante el juzgado cuarto administrativo. Pedían al Distrito que les comprara sus apartamentos y la reparación de los daños morales ocasionados. Un fallo de 2019, negó las peticiones de los habitantes de 'La Colina Campestre'.

La ilusión de tener una vivienda propia por largo tiempo se diluía y los propietarios comenzaban a sentir incertidumbre sobre para dónde coger, tal como ha acontecido con las familias que fueron desalojadas de las torres 11 y 13. “Les pagan arriendos paupérrimos, son $750.000”, dijo.  

Pese a que numerosas familias siguen en ‘La Colina Campestre’, hoy el complejo residencial se ve en completo abandono porque nadie se atreve a invertir en mantenimiento.

La constructora se declaró en quiebra años atrás y por ende será el Distrito el que deba responder a los damnificados.

Ya son varios los beneficiarios que fallecieron esperando el  fallo que en segunda instancia, después de 5 años de la apelación, por fin hace justicia.