Por José Granados Fernández

Se acercan días claves para tomar decisiones en torno a la crisis del Hospital Cari de Alta Complejidad. La Superintendencia de Salud debe entregar esta semana el resultado de la última evaluación que realizaron hace 20 días.

Por el momento la Supersalud ha descartado intervenir el hospital porque de hacerlo “asumiría el pago de las deudas” que suman cerca de $95.000 millones. Por esa razón la propuesta de someterlo a la Ley 550 es la principal apuesta del gobernador Eduardo Verano, pero será la Superintendencia de Salud la que apruebe si el centro asistencial entra en el proceso de reestructuración de pasivos.

Atlántico en Noticias y Zona Cero.com conocieron que la Ley 550 para el Cari solo será aprobada por la Supersalud si el hospital muestra que tiene “fuentes financieras seguras, claras” para sacar adelante este proceso.

Esa exigencia, como lo establece la ley, obedece a que si no hay reglas claras los acreedores no aprobarán el plan de pagos con lo que la reestructuración financiera fracasaría y el hospital tendrían que ser liquidado; o si entra en la Ley 550 pero la incumple, también entraría en proceso liquidatorio.

“Entrar a la Ley 550 representa para el Cari unas obligaciones por cumplir y no hacerlo sería el final del centro hospitalaria”, dejaron en claro fuente consultadas.

Urge reducir gastos

La Superintendencia de Salud tiene claro que una “labor vital” en el Cari es reducir los gastos administrativos, en especial los contratos tercerizados, sobre todo del personal médico y paramédico a través de sindicatos que terminaron reemplazando las llamadas cooperativas que no son más que onerosas bolsas de empleo de inversionistas ‘enllavados’, tras bambalina, con dirigentes políticos; “estos contratos costosos hacen al Cari menos competitivo” frente a las clínicas que hoy, con tarifas más bajas, son contratadas por las EPS del régimen subsidiado.

Está claro para la Superintendencia que el Cari, dentro de su autonomía administrativa, “debe reducir esos costos para bajar tarifas y ser competitivo” o de lo contrario las EPS seguirán contratando con clínicas particulares por más que las leyes 1122 y 1438 obliguen a que el 60% de los servicios del régimen subsidiado de salud sean contratarse con la red pública.

“El Cari es una entidad autónoma que sabe bien lo que debe hacer y en eso la Superintendencia no se mete, salvo que los usuarios del régimen subsidiado no estén recibiendo servicios. Pero resulta que en Barranquilla hay una muy buena oferta de servicio y los usuarios no están abandonados ni desprotegidos”, precisó a Atlántico en Noticias y Zona Cero.com una de las fuentes consultadas sobre el futuro de la institución.

Fortalecer el Cari Mental

En otra palabra, prácticamente en este momento el Cari está fuera del mercado. Da lo mismo si lo cierran porque los usuarios del régimen subsidiado están siendo atendidos en clínicas privadas. Esa es la realidad.

De acuerdo con otras fuentes consultadas, hay una posición inicial de la División de Apoyo Fiscal (DAF) del Ministerio de Hacienda, a cargo de Ana Lucía Villa. Esta parece sugerir que para el Cari no sería autorizado el pretendido Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero que permitiría el uso de los $45.000 millones de la administración departamental.

En medio de este escenario ha sido planteada una propuesta: que el Cari de Alta Complejidad sea liquidado para fortalecer el servicio de salud mental, con tarifas competitivas, reduciendo la nómina y dejando de lado los negocios con cooperativas, sindicatos o bolsas de empleo que manejan grupos y familias políticos.

Esta propuesta apuntaría a convertirlo en un hospital de atención psiquiátrica para todo el Atlántico y el resto de la Costa, teniendo en cuenta que existe un déficit regional en este tipo de servicio especializado. Ese podría ser el futuro inmediato de esta institución asistencial que hoy prácticamente está cerrado con las puertas abiertas por falta de pacientes y de servicios.