El conflicto armado colombiano, cuyo fin proclamaron hace cinco años el Gobierno y las FARC, persiste y se recrudece en diferentes partes del país en las que las disidencias de la antigua guerrilla intentan ganar terreno.

La esperanza de la terminación de 52 años de conflicto con las FARC fue proclamada por el Gobierno y esa guerrilla el 1 de febrero de 2017, dos meses después de la firma del acuerdo definitivo de paz, pero esa nueva realidad, lejos de afianzarse, va en retroceso por el crecimiento acelerado de las disidencias y sus recurrentes ataques.

"Yo creo que estamos hablando de un retroceso que fácilmente es una década perdida en materia de mantenimiento del orden público", dijo a EFE el experto en seguridad Jairo Libreros, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Externado de Colombia.

Ese retroceso se hizo evidente en este primer mes de 2022 en el que el país volvió a ver ataques que se creía habían quedado en el pasado, como la emboscada de disidencias de las FARC a una caravana de tres vehículos de la ONU y del Consejo Noruego de Refugiados el jueves en el departamento del Guaviare (centro-sur), o la del sábado contra el gobernador del departamento sureño de Caquetá, Arnulfo Gasca, y su numerosa comitiva.

En el primer ataque fueron incinerados dos vehículos pero los funcionarios de los organismos internacionales salieron ilesos, mientras que en la emboscada al gobernador murieron dos policías y tres más quedaron heridos. A esos hechos se suman la guerra por el control territorial que los frentes 10 y 28 de las disidencias libran contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento de Arauca y en el vecino estado venezolano de Apure, con decenas de muertos, o los ataques casi diarios de unos y otros contra el Ejército y la Policía en distintas partes del país.

Retroceso en seguridad 

"Durante los últimos cuatro años y medio se perdió la posibilidad de garantizar la seguridad en territorios que antiguamente fueron copados por las FARC. Son territorios en donde las rutas relacionadas con el narcotráfico, el tráfico de armas y las rentas ilícitas eran un objetivo para cualquier otro grupo al margen de la ley", explicó Libreros.

Según el experto, el descuido del Gobierno, tanto del presidente Iván Duque, como de su antecesor, Juan Manuel Santos, en la parte final de su mandato, "llevó a que perdiéramos espacio" como Estado.

"El fortalecimiento económico que recibieron esas disidencias, el ELN y el Clan del Golfo (banda criminal) les permitió tener la suficiente capacidad para adquirir más armas, fortalecer el reclutamiento y copar los espacios para tener más presencia en el mundo del narcotráfico", explica.

Los ataques de los grupos armados ilegales se han multiplicado en casi todo el país, pero la situación es particularmente delicada en los departamentos del Cauca (suroeste) y Arauca (este), y en las regiones del Catatumbo, fronteriza con Venezuela; Bajo Cauca antioqueño (noroeste) y sur del Pacífico.

Crecimiento de disidencias

Según un informe de agosto pasado de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), los Grupos Armados PosFARC han crecido de manera acelerada en los lugares donde operaba la antigua guerrilla y aunque no se sabe cuántos miles de hombres tienen en armas, operan ya en 138 municipios del país, articulados en dos grandes organizaciones.

Una es la dirigida por alias 'Gentil Duarte', consolidada en el suroeste, y la otra es la llamada Segunda Marquetalia, liderada por alias 'Iván Márquez', exjefe negociador de paz de las FARC, quien en agosto de 2019 abjuró del acuerdo firmado con el Gobierno, volvió a tomar las armas e intenta imponerse en la zona norte, incluida la franja fronteriza con Venezuela. Además, hay una tercera categoría, formada por grupos menores, que Pares llama "dispersos", y que actúan principalmente en la región sur de la costa Pacífica.

A esas disidencias responsabiliza el Gobierno de buena parte de los crímenes de líderes sociales y de desmovilizados de las FARC, el más reciente de los cuales ocurrió este domingo en Saravena (Arauca), donde fue asesinado Juvenal Ballén Gómez, la víctima número 300 entre los exguerrilleros y el primero de este año, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

"Desde 2018, cuando iniciamos la administración (de Duque) hemos reducido en un 30 % los ataques y homicidios contra los excombatientes", afirma el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, quien sin embargo reconoce que "el objetivo debería ser cero (asesinatos)".

Violencia en año electoral

En opinión de Libreros, esta ola de violencia continuará en los próximos meses ya que los grupos guerrilleros suelen incrementar sus ataques en años electorales como este en que habrá elecciones legislativas el 13 de marzo y primera vuelta de las presidenciales el 29 de mayo.

"El rebrote va a continuar, pero no precisamente para despedir a Duque sino para advertirle a los precandidatos (presidenciales) que alguno de ellos va a tener que asumir la responsabilidad de buscar o una negociación o una guerra con esas organizaciones", señala el experto.

EFE