Por José Granados Fernández
Twitter: @JoseGranadosF

El 29 de julio de 2016, el presidente Juan Manuel Santos firmó la ley del nuevo Código de Policía Nacional que, de acuerdo con los anuncios grandilocuentes oficiales, iba a permitir una “convivencia más pacífica y respetuosa” para los colombianos, pero 6 años y dos meses después, como muchas cosas en nuestro país, poco o nada ha cambiado en materia del buen comportamiento comunitario.

El Código contiene normas para preservar el respeto por los demás y las buenas costumbres, como por ejemplo: no hacer las necesidades fisiológicas en las calles, pero uno sigue viendo a hombres orinando en cualquier lado; dispone controles para la tranquilidad en las vecindades, pero cada fin de semana crecen las quejas por los zafarranchos en casas, estaderos y cantinas con música a todo volumen hasta altas horas de la madrugada; sanciona a los dueños de mascotas que no recogen las materias fecales de sus perros, pero ir a un parque obliga a mirar siempre al piso para no terminar con los zapatos embarrados.

Con el paso de los años, el Código de Policía también se ha constituido en una ley de papel en materia de disposición de basuras, escombros y otros inservibles. En específico, la violación del Artículo 111 tiene a Barranquilla, y su Área Metropolitana, convertida en un depósito abierto de toda clase de residuos.

Las cifras de la empresa Triple A de 20 puntos críticos que atiende a diario, de manera extraordinaria en paralelo a la recolección normal de basuras en los barrios, reflejan la gravedad del impacto ambiental y sanitario que sufre la ciudad: entre 2019 y agosto de 2022 fueron recogidas 79.085 toneladas de basuras en botaderos localizados al frente de colegios, hospitales, zonas residenciales y comerciales, bulevares y el mercado de Barranquilla. Todo un desorden social.

79.085 toneladas equivalen a llenar 4.652 camiones dobletroque de 17 toneladas, que en fila llegarían de Barranquilla a Sabanalarga.

El daño es mayor si se tiene en cuenta que a los 20 basureros que atiende Triple A se suman, al menos, 40 puntos críticos más.

“La incorrecta disposición de basuras en Barranquilla es enemiga de la biodiverciudad que soñamos ser”. La frase de la Oficina distrital de Servicios Públicos reconoce la gravedad del daño ambiental, afectación por la que vecinos como Ruperto Reyes, habitante de la calle 50 con carrera 37, se quejan de lo que diariamente sufren por el basurero que está detrás del Cementerio Universal:

 

 

Hacia el oriente, en la esquina de carrera 34 con calle 35, Freddy Romo hace un pare en su trabajo para lamentar el maloliente basurero que está frente a su casa, a menos de 10 metros del Hospital General.

 

 

 

 

Reyes y Romo exigen que “la Policía actúe y vigile” para evitar que los basureros pululen. Su petición lógica choca con otra realidad: para los 520 kilómetros cuadrados que tiene el territorio de Barranquilla y su Área Metropolitana, solamente hay tres agentes asignados a la Policía Ambiental.

Poca cultura ciudadana 

Triple A y la Oficina distrital de Servicios Públicos tienen claro que la crisis de los basureros se debe a que quienes generan los desechos los entregan a carromuleros o carretilleros que, por pocos pesos, los arrojan donde sea.

Zandra Mantilla, gerente de Aseo de Triple A, lamenta que quienes creen que es un ahorra entregar desechos, desperdicios e inservibles a cualquier persona para que se rebusque, no se detienen a analizar que los basureros en los vecindarios son más dañinos en la parte ambiental, sanitaria e higiénica.

 

 

Arrojar basuras en cualquier lado genera, además, mayor gasto a Triple A y al Distrito porque deben disponer de varios equipos de trabajo, con maquinarias y operarios, para limpiar las inmundicias depositadas en zonas residenciales.

Juan Carlos Gómez, jefe de la oficina de Servicios Públicos, señala que la falta de cultura y conciencia ciudadana, el no aceptar el servicio de recolección, la entrega de residuos a cualquier persona y la evasión del pago del aseo de parte de comerciantes e industriales son el origen de la problemática, por lo que la Alcaldía Distrital actualizó el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS.

 

 

¿Qué hacer, entonces, con la violación del Artículo 111 del Código de Policía que impone, a precios de hoy, multas por 1.066.000 pesos a quienes entregan podas, escombros, muebles y electrodomésticos viejos, animales muertos, etc. para que los arrojen en las calles?

 

 

Gómez recuerda que el Distrito inició una estrategia para erradicar los basureros en 8 puntos críticos. Uno ya fue recuperado en el colegio Sarit Arteta, calle 47B con carrera 18, donde los carretilleros y carromuleros, por fin, dejaron de botar basuras, y trabajan en la recuperación de calle 51 con carrera 20, entre el hospital Adela de Char y el colegio Marie Poussepin.

Además de las sanciones -este año han impuesto 40 comparendos, pese al limitado acompañamiento de la Policía-, donde la Alcaldía inicia las intervenciones llevan a cabo actividades pedagógicas en las que a las comunidades les enseñan la importancia de apropiarse y de comprometerse a respetar y a hacer respetar los espacios libres de basuras.

 

 

Evitar que 24.000 toneladas de basuras al año sean arrojadas en las calles de Barranquilla es un gran reto. Para ello, además de educación y prevención, toca aplicar el violado Artículo 111, pero sería más rápido y menos traumático si quienes dicen querer la ciudad dejan de entregar estos desechos a cualquier persona para que los tiren a donde le dé la gana.