Por José Granados Fernández
Twitter @JoseGranadosF

Tienen razón, pero no es la forma: vías de hecho, como paralizar la actividad naviera, no es la solución a sus preocupaciones. Así resumen dirigentes navieros y gremiales el bloqueo que habitantes de San Cristóbal y Soplaviento, en Bolívar, mantienen desde hace ocho días en los 115 kilómetros del Canal del Dique, impidiendo el transporte fluvial que acumula pérdidas por más de $7.000 millones.

Más grave aún es que, de acuerdo con la fundación empresarial Prosantander, 100.000 toneladas de carga, equivalentes a más de 2.000 camiones, no han podido ser movilizadas entre Cartagena y Barrancabermeja.

Debido a la parálisis de las empresas navieras, de las refinerías no pueden salir al mercado 1.300.000 galones de gasolina diarios. Por esa razón, en diálogo con Emisora Atlántico y Zona Cero.com, Juan Pablo Remolina, director ejecutivo de Prosantander, alertó sobre “un desabastecimiento de combustibles con consecuencias y efectos tremendos”.
 

Autoridades y pobladores de San Cristóbal y Soplaviento exigen al gobierno nacional que les garanticen las obras que ayuden a prevenir o a mitigar inundaciones como las vividas en 2010; además reclaman que la administración de Gustavo Petro discuta en los territorios la suspendida APP del Canal de Dique.

De acuerdo con los posicionamientos satelitales de los remolcadores, cerca de Soplaviento están paralizados el Doña Leonor, Zambrano y Dibulla; en inmediaciones de San Cristóbal están el Catalina y el Barrancabermeja. Sus convoyes de barcazas no pueden ser movilizados porque hay sogas y canoas atravesadas en el Canal del Dique.

Prosantander señala que en el río Magdalena, el Canal del Dique y puertos en total están paralizados por el bloqueo 18 remolcadores y 80 barcazas cargadas con derivados del petróleo, cemento y materias primas.

Al reconocer que las comunidades deben ser atendidas y que es necesario que hagan las obras que reclaman, Remolina detalló que en la carga represada también hay alimentos, que no han podido llegar a los mercados, lo que significa más pérdidas. “Podemos tener más inflación; mayores precios en los alimentos por culpa de nosotros mismos”, lamentó.

El director ejecutivo del Comité Intergremial de Bolívar, Juan Camilo Oliveros, mostró su preocupación por las pérdidas del sector productivo y llamó a las comunidades de San Cristóbal y Soplaviento a que levanten el bloqueo y acepten el diálogo que ha ofrecido la administración Petro para revisar el proyecto de la APP del Canal del Dique, calculado en 3.2 billones de pesos.

Oliveros considera que en la revisión que se haga del megaproyecto deben tenerse en cuenta otras obras que las comunidades del Dique reclaman. Hay que complementar y atender lo que plantean, opina.

Remolina recordó que los municipios ribereños necesitan oportunidades reales de desarrollo, por lo que lamentó este tipo de hechos que “afectan profundamente” la confianza en las actividades productivas, industriales y empresariales que se desarrollan y las que podrían llevarse a cabo en los 1.528 kilómetros que tiene el río Magdalena en 13 de los 32 departamentos del país.

El director de Prosantander clamó por un diálogo en torno al Río para protegerlo, cuidarlo y sacar de él su máximo potencial con beneficio para todo el país, antes que contaminarlo, abandonarlo y ahora bloquearlo, exponiendo su confianza como arteria vial fluvial.

En medio de la crisis, la mesa de diálogo sigue abierta. Ojalá haya una pronta solución para que las dos comunidades desbloqueen el Canal del Dique y se hagan las obras de mitigación que ellas piden, porque lo cierto es que la actual temporada invernal amenaza con repetir las inundaciones del 2010.