La decisión del entonces Superintendente de Industria y Comercio (SIC), Pablo Felipe Robledo, de ordenar la terminación del contrato con el Consorcio de la Ruta del II, de la cual formaba parte la cuestionada firma Odebrecht, no fue más que una típica ‘jugadita’ para favorecer los intereses de la compañía brasileña.

La determinación dejó todas las puertas abiertas para que Odebrecht procediera a interponerle reclamaciones al Estado, como en efecto lo ha hecho a través de un Tribunal de Arbitramento.

Contrario sería si el exSIC Robledo hubiese decidido la caducidad del contrato, teniendo en cuenta todas las evidencias de corrupción que rodearon el proceso de licitación y ejecución del mismo.

En declaraciones para W Radio, el analista financiero José Roberto Acosta, cuestionó duramente la nefasta decisión del exfuncionario, que hoy tiene en riesgo al Estado de pagarle a Odebrecht la suma de $1,6 billones, pese a los conocidos actos de corrupción.

“La diferencia de caducidad es que esta se saca sin indemnización, pero con la terminación anticipada de Duque se le extiende un tapete rojo para que salgan por la puerta de adelante”, precisó.

“La cifra que reclaman en ese Tribunal de Arbitramento el Consorcio de Ruta del Sol II, que es Odebrecht y Grupo Aval, es de $1,2 billones, y los reclamantes quieren quedarse con 1,6 billones y solo pusieron 300 mil millones”, sostuvo Acosta durante la entrevista radial.

“La Ley por la que tenemos que pagar estas deudas, ojo, que quede claro, es obra del Gobierno Santos, que le estaba haciendo el favor a Sarmiento, y que después lo ayudó a concretar el Centro Democrático”, recalcó.

En el mismo sentido se ha pronunciado el Senador Rodrigo Lara, lanzando fuertes críticas contra la decisión adoptada por el exsuperintendente Pablo Felipe Robledo.

“Si se hubiera aplicado la caducidad, Odebrecht no hubiera podido demandar al Estado por restituciones ni por indemnizaciones. Esta fue una “jugadita”, en la que la SIC se inventó una acción de competencia desleal y unas extrañísimas medidas cautelares”, expresó Lara en reciente declaración para la W Radio..

Asegura que de haberse declarado la caducidad del contrato, se hubiera impedido que Odebrecht demandara al Estado y que se tuviera que pagar la deuda bancaria originada por el proyecto.

Cuestionó que se hubieran tomado decisiones, por parte del exSIC Pablo Felipe Robledo, que llevaran al Estado a desembolsar $1,25 billones. “Esto es absolutamente increíble, estamos hablando de cuatro veces el presupuesto de Coldeportes”, indicó en la entrevista radial.

Lo que llama la atención es que Robledo tomó la decisión de ordenar la terminación del contrato, cuando existían contundentes evidencias de corrupción, tal como las confesó el entonces Viceministro de Transporte y Gerente General (e) del Instituto Nacional de Concesiones (INCO), Gabriel Ignacio García Morales, en el sentido de direccionar el proceso licitatorio del proyecto para favorecer la propuesta de Odebrecht y falsear la libre competencia, a cambio de un soborno equivalente a 6,5 millones de dólares.

La decisión de Pablo Felipe Robledo incluyó la terminación inmediata del contrato junto con sus modificaciones, adiciones y otrosíes, además de disponer la liquidación del mismo y estructurar otra licitación para una nueva contratación.

Pero, este caso, la decisión del exfuncionario no fue la ruta correcta y ahora el Estado está ad portas de ser condenado a una billonaria indemnización.