La Procuraduría General de la Nación urge a las autoridades nacionales y de Cartagena de Indias a definir un plan de acción conjunto y coordinado con estrategias que permitan retomar el cumplimiento del fallo del Consejo de Estado para la protección ambiental del archipiélago Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo.

El Ministerio Público alerta omisiones e incumplimientos de las órdenes de la sentencia de 2011, lo que ha recrudecido las problemáticas relacionadas con la ocupación ilegal en zonas de baja mar y de baldíos; construcciones sin permisos de las inspecciones de Policía e inadecuado manejo y disposición de residuos sólidos, que ocasionan vulneraciones de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y del espacio público; la defensa del patrimonio público y la existencia del equilibrio ecológico, y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales.

Con el propósito de identificar las actuaciones que se deben adelantar en el corto plazo, el órgano de control convoca al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a Parques Nacionales y Naturales de Colombia, a la Agencia Nacional de Tierras, a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), a la Dirección General Marítima (Dimar), a las autoridades con competencia en la zona insular del distrito y a los representantes de los consejos comunitarios Orika y San Bernardo a participar en una reunión de carácter urgente el próximo martes, 24 de agosto a partir de las 8:30 a. m.

Adicionalmente, solicita la presencia del alcalde de Cartagena, William Jorge Dau Chamat y de los secretarios General del Distrito y de Planeación para dar respuesta a los requerimientos hechos por la Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios al Distrito de Cartagena sobre el cumplimiento de la sentencia, y explicar las acciones que el ente territorial tiene previstas por la defensa de estos ecosistemas.

El encuentro también contará con la participación del coordinador nacional del eje temático medio ambiente de la Fiscalía General de la Nación y del contralor Delegado Sector Medio Ambiente.