Por generar pánico y zozobra en el sector de la salud, al afirmar que las deudas de las EPS ascendían a 50 billones de pesos, el abogado Jaime Lombana denunció penalmente al Superintendente de Salud, Ulahy Beltrán.

El hecho se remonta a lo señalado por el Supersalud el pasado 6 de enero, asegurando que las deudas que han dejado las EPS que se están liquidando, las que ya se liquidaron y las que se encuentran activas, ascendían a $50 billones.

En su momento, el informe del Supersalud generó una gran controversia, pues los expertos del sector daban por un hecho que Ulahy Beltrán estaba mintiendo con las cifras.

“El Superintendente sostuvo que la deuda en cabeza de las EPS de Colombia ascendía a 50 billones de pesos. Sin embargo, esto tuvo que ser desmentido posteriormente porque tal cifra es de 23,3 billones de pesos”, explicó el jurista a la revista Semana.

La rectificación que hizo el Supersalud de sus propias cifras y que, curiosamente nunca fueron desmentidas por la Ministra Carolina Corcho, fueron interpretadas como una forma de generar zozobra y pánico en el sector salud, para ambientar el proyecto de reforma, haciendo creer como si aquella fuese la panacea para un sistema quebrado.

Lombana destacó que la propia Superintendencia dispuso una herramienta de consulta de datos que tiene este tipo de información, llamada el Super Radar. 

“Entonces, se puede ver con claridad que la intención era generar zozobra y pánico en el ciudadano, a través de falsedades, con el fin de generar un ambiente favorable para la reforma a la salud”, recalcó.

En su momento el hecho también fue seriamente cuestionado por el exministro de Salud, Fernando Ruiz.

De acuerdo con Semana, el abogado Jaime Lombana también presentó  denuncia por presunto favorecimiento a instituciones como EPS S.O.S. o Capital Salud EPS-S, mientras que otras como Convida fueron liquidadas. 

“El fundamento recaerá sobre el hecho de que estas entidades tampoco cumplen los requisitos e indicadores financieros por los que Convida se liquida, pero a ellos sí se les levantan las medidas, favoreciéndolas”, argumentó.

Sostiene que Convida EPS-S “inició el proceso para cumplir con los requisitos de capitalización inyectando 40.000 millones más (autorizados por la misma Superintendencia) y aun así, menos de un mes después, se ordenó la toma de posesión e intervención forzosa administrativa para liquidar. Por eso es que es una resolución contraria a derecho, además de que no se tomó en cuenta la capitalización en la motivación de la resolución que ordena liquidar”.