Compleja está la situación del país en materia de energía y gas. La deuda del Gobierno nacional con las empresas del sector, por tema de subsidios, asciende a los $7.6 billones y con el “riesgo inminente” en la prestación de estos servicios.

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De acuerdo con exministro y experto en temas energéticos, Amylkar Acosta, las demoras en el pago de estos recursos podrían desencadenar una “limitación de suministro”, que no es otra cosa distinta al racionamiento.

“Estamos ante un escenario peor, esta situación puede conducir a una falla sistémica, que pondría en riesgo la confiabilidad y firmeza del sistema”, dijo.

Sostuvo que el Superintendente de Servicios Públicos ha tenido una actitud pasiva ante el riesgo eminente de racionamientos de energía y gas en la región Caribe.

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“El ministro Edwin Palma le ha requerido a la Superintendencia adoptar, urgentemente, los correctivos necesarios que permitan el cumplimiento por parte de Air-e de sus obligaciones, las cuales superan los $1.3 billones, de lo contrario se podría desencadenar un racionamiento. Y sólo ha recibido de parte del Superintendente Yanod Márquez la callada por respuesta”, expuso.

También aseguró que el silencio ha venido por parte del ministro de Hacienda, Germán Ávila, que “no se ha tenido noticias” sobre el giro requerido de los subsidios.

“Si hasta ahora no se ha apagado el país ha sido debido a la resiliencia del sector que se ha puesto a prueba y a la paciencia de Job de parte de las empresas afectadas, pero todo tiene su límite”, advirtió.

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Alarcón precisó que es de tal proporción la crisis que enfrenta el sector eléctrico que tanto la Contraloría, como Procuraduría, anunciaron la creación de una Comisión Especial Interinstitucional que vigilará el cumplimiento de acciones correctivas por parte de los organismos estatales, muy especialmente la Superintendencia y el Ministerio de Minas y Energía.

“La nueva comisión tendrá como objetivo supervisar la asignación y giro de recursos por parte del Ministerio de Minas y Energía, además de asegurar que las obligaciones financieras de los usuarios oficiales con las empresas prestadoras se cumplan a cabalidad”, refiere el comunicado conjunto de los entes de control dado a conocer a la opinión pública.