Carlos Camargo, Defensor del Pueblo.
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Defensoría del Pueblo urge políticas sobre insumos agropecuarios

Advierte que los precios de los insumos en el país se incrementaron un 95% entre mayo de 2021 y abril de 2022.

Al conmemorarse el Día Nacional del Campesino, la Defensoría del Pueblo destaca la expedición de la Ley 2183 de 2022, conocida como la Ley de insumos agropecuarios, ya que constituye un avance significativo que busca promover el uso eficiente, competitivo, racional y sostenible de dichos insumos en el territorio nacional; sin embargo, advierte la necesidad de acelerar la adopción de una política nacional en la materia, que permita garantizar el buen funcionamiento del sector agropecuario y rural, en beneficio tanto de los consumidores como del campesinado.

Para el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, la Ley es un avance importante en la organización, articulación y definición de la política de insumos agropecuarios en sus diferentes frentes: acceso, comercialización, uso racional y nuevas tecnologías. 

No obstante, se requiere su urgente reglamentación y que entren a funcionar la Mesa Nacional de Insumos, garantizando la representación del campesinado, y la Comisión Nacional de Insumos Agropecuarios, mediante decreto.

“Urge la reglamentación de las condiciones diferenciales para facilitar la importación, transformación y comercialización de insumos agropecuarios en cabeza de los productores campesinos, entre otros aspectos, teniendo en cuenta que estos tienen una participación importante en los costos de producción agropecuaria y un efecto directo en la rentabilidad del cultivo y en el ingreso de los productores”, aseguró Carlos Camargo.

“Preocupa a la Defensoría del Pueblo el alto precio de los fertilizantes y plaguicidas, el cual ha sido una de las principales problemáticas sobre las que llaman la atención los productores del agro pues nos encontramos en un escenario de altos precios con probabilidad de seguir subiendo debido a las presiones inflacionarias provocadas por la coyuntura internacional”, agregó el Defensor del Pueblo.

“Sea esta la oportunidad para reiterar nuestra gratitud con los campesinos de todo el país, quienes con su esfuerzo diario se convierten en pilares de la seguridad alimentaria nacional. Valoramos todos sus aportes culturales, económicos y sociales, porque con ello ayudan a la construcción de un mejor país y a la garantía de los derechos de todos los ciudadanos”, agregó Carlos Camargo.

De acuerdo con el Índice de precios de insumos agropecuarios, publicado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a abril de 2022 los precios de los insumos agropecuarios en el país se incrementaron un 95% respecto a los precios observados en mayo de 2021. Por su parte los fertilizantes simples (Urea, DAP, KCL), los cuales son los nutrientes de mayor uso en los cultivos, registraron un crecimiento de 141% en el mismo periodo. Los fertilizantes compuestos tuvieron una variación de 111% en el mismo periodo.

Colombia no produce fertilizantes simples (Urea, DAP y KCL), siendo necesario importarlos principalmente de Rusia, Estados Unidos y China. Por esta razón, el precio nacional depende de las variaciones de los precios internacionales de estos productos, considerados commodities en el mercado mundial.

Debido a que estos insumos son importados, el incremento de los precios internacionales se transmite a los precios en Colombia, situación que se profundiza si además se tiene en cuenta que la tasa de cambio se mantiene en niveles altos, alrededor de los $3.800 por dólar.

Por lo anterior, la Defensoría del Pueblo, consciente de la importancia de los insumos agropecuarios en la producción del campo, considera indispensable acelerar la implementación de políticas públicas relacionadas con insumos agropecuarios, que generen estrategias para incrementar su acceso, proteger al campesinado frente a la volatilidad de los precios de estos productos e incentivar su uso adecuado y eficiente.

Finalmente, desde la Defensoría del Pueblo se solicita avanzar en la reglamentación de medidas de alivios, establecidas en la Ley 2071/2020 para deudores no financieros, que son aquellos campesinos acreedores de deudas en casas de insumos locales.

 

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