Poco antes del cierre del proceso, cuatro municipios del Atlántico registran un sorprendente ‘disparo’ en las inscripciones de cédulas para las elecciones de Congreso que se cumplirán el próximo 11 de marzo.

La situación es motivo de preocupación teniendo en cuenta que podría tratarse, como en procesos anteriores de la acostumbrada y típica trashumancia, también conocida como ‘trasteo de votos’.

El índice más alto lo presenta el municipio de Campo de la Cruz, que pasó de 316 en 2014 a 676 en 2018, para un crecimiento de 214%.

En su orden le siguen Candelaria, que aumentó de 615 a 1.110 (180%); Repelón, de 403 a 653 (162%) y Puerto Colombia, creció de 2.146 a 2.791 (130%).

Antes del cierre del proceso, otros municipios también registran cifras preocupantes: Santa Lucía, de 555 en 2014 hoy presenta 534 en (96%); Malambo, de 6.627 a 6.148 (93%); Suan, de 375 a 306 (82%); Ponedera, de 1.312 a 1.017 (78%); Tubará, de 574 a 434 (76%); Luruaco, de 1.687 a 1.244 (74%); Sabanalarga, de 3.446 a 2.517 (73%) y Polonuevo, de 478 a 327 (68%).

En teoría, deben inscribir la cédula las personas que cambiaron su lugar de residencia, bien sea un cambio de barrio, de ciudad, departamento o incluso de país.

En la práctica resulta imposible creer que, por ejemplo, en Campo de la Cruz 316 ciudadanos cambiaron de lugar de residencia en 2014 y 676 lo hayan hecho para 2018. Al igual que en Candelaria, 615 cambiaron de domicilio en 2014 y 1.110 para 2018; en Repelón, 403 en 2014 y 653 para 2018 y en Puerto Colombia, 2.146 en 2014 y 2.791 para 2018.

Y así sucesivamente en los diferentes municipios que han tenido cambios significativos en la presente zonificación.

En términos generales, cuesta creer que en el Atlántico 275.251 ciudadanos cambiaron de domicilio en 2014 y que 168.298 lo hayan hecho para 2018.

También pueden zonificar todas aquellas personas que tienen su cédula expedida antes de 1988 y no la han inscrito ni han votado en ninguna de las elecciones celebradas en los últimos 30 años.

Imposible creer que las personas que no han inscrito su cédula ni hayan votado en 30 años, de la noche a la mañana se les despierte su espíritu democrático.

Más bien, de lo que no cabe duda es que se mantienen las mismas prácticas electorales, por las que ninguna persona paga cárcel.