La Alcaldía de Soledad decidió acogerse a la Ley 550 o de insolvencia, ante el fuerte crecimiento de las deudas, totalizadas en $53.879 millones.

Esta situación, en concepto de la administración a cargo de Rodolfo Ucrós Rosales, pone en alto riesgo el cuadro económico y financiero del municipio en el corto y mediano plazo.

En términos prácticos, la Alcaldía pretende la modificación del acuerdo de reestructuración de pasivos suscrito en el año 2012, en el que se comprometió a cancelar obligaciones por $81.976 millones, discriminados de la siguiente manera: 12% de pasivos laborales y pensionales: 41% de deudas con entidades públicas y de seguridad social; 17% de pasivos adeudados a otros tipos de acreedores y 30% de pasivos contingentes y cuentas en investigación administrativa.

En desarrollo del mismo, el saldo del pasivo exigible al cierre del mes de diciembre de 2020, por efectos de pagos, depuraciones y adiciones, ascendía a $6.156 millones, de los cuales el 97% corresponde a deudas con entidades públicas y de seguridad social ($5.993 millones) y el 3% a otros acreedores ($163 millones).

Sin embargo, el Alcalde Ucrós Rosales argumenta que “la existencia de hechos sobrevinientes derivados del déficit fiscal heredado de la anterior administración y de los efectos de la pandemia del Covid-19 sobre el recaudo de ingresos propios, han puesto en riesgo la estabilidad de las finanzas del municipio si no se atienden en el marco del acuerdo de pasivos, en términos de la normalización del gasto corriente y de los recursos adicionales que se exigen para cubrir los pasivos generados. Aspectos que atentan en contra de la ejecución del acuerdo y de la viabilidad fiscal, financiera e institucional de la entidad territorial, por tanto se requiere su modificación para preservar su filosofía y garantizar la sostenibilidad de las finanzas”.

En este sentido, sustenta la petición en el hecho de que al cierre de 2019 se excedió la ejecución presupuestal de los ingresos corrientes de libre destinación, generándose un déficit de caja equivalente a $33.315 millones y en 2020 el desequilibrio ascendió a $20.561 millones, determinándose un déficit corriente de $53.879 millones “que requiere ser financiado”. 

“La dimensión de este problema se puede sintetizar en que la sumatoria de estos dos factores es equivalente al 72% de los ingresos corrientes de libre destinación recaudados en 2020 por el municipio y representa el 66% del total de pagos de pasivos reestructurados que ha efectuado el municipio durante s 8 años de ejecución del acuerdo de pasivos”, sostiene.

Asegura que estas obligaciones “se constituyen en gasto corriente causado e impagado y de conformidad con los artículos 34 y 35 de la Ley 550 de 1999 se convierte en una causal grave de incumplimiento del acuerdo de reestructuración de pasivos. En este contexto, el municipio ha formalizado acuerdos de pagos con los acreedores en mención con el propósito de restablecer los principios fundamentales de la Ley 550 de 1999, garantizar la financiación del gasto corriente y la inmunidad jurídica para encauzar la recuperación fiscal, razones por las cuales se exige su incorporación en la modificación del acuerdo”.

La modificación del acuerdo se plantea en un escenario de 4 años (2021 - 2024) y conforme al recaudo histórico y los efectos de la pandemia del Covid-19, se estiman los ingresos corrientes de libre destinación para 2021 (primer año de modificación del acuerdo) en 86.045 millones 745 mil 476 pesos. Para el 2022 en 90.581 millones 966 mil 261 pesos. Para el 2023 en 94.113 millones 023 mil 353 pesos. Y para el 2024 en 101.176 millones 789 mil 705 pesos.

Y sobre la base del 2022 se proyectan los ingresos y gastos de funcionamiento de las futuras vigencias asumiendo un crecimiento nominal en ambos rubros equivalente al 6%, “lo cual sustenta el cumplimiento del escenario financiero a futuro”.

El flujo de pagos previsto en la modificación del acuerdo considera que la cancelación de los pasivos se efectuará de la siguiente forma:

- Las acreencias reconocidas en el acuerdo suscrito en mayo de 2021 con saldos pendientes por cancelar se pagarán durante la vigencia fiscal 2021.

- El déficit corriente acumulado será cancelado entre las vigencias fiscales de 201 y 2024, en el orden de prelación que se establecerá en el texto de la modificación del acuerdo.

Es de anotar que en este proceso se registra un listado de cuentas “en investigación administrativa”, por valor total de 29.897 millones 337 mil 684 pesos.

En el nuevo escenario no se incluyen las deudas con el sector bancario, teniendo en cuenta que las mismas están garantizadas con el impuesto Predial.