La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dejó en manos de la Fiscalía General de la Nación la investigación en contra del excongresista Richard Aguilar Villa.

La decisión fue adoptada teniendo en cuenta la renuncia de Aguilar a su condición de Senador de la República, el pasado 28 de julio, y además porque los hechos materia de la investigación son “ajenos al fuero de congresista”.

En consecuencia, la Corte decidió remitir a la Fiscalía el proceso contra el detenido exsenador por los delitos de concierto para delinquir, peculado, interés indebido y contratos sin requisitos legales.

Es de anotar que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión contra el entonces Senador Richard Alfonso Aguilar Villa, en desarrollo de la investigación por supuestas irregularidades en varios contratos suscritos entre 2014 y 2015, cuando se desempeñaba como Gobernador del departamento de Santander. 

Hechos que también lo involucran con una posible concertación para delinquir y en los cuales al parecer abusó del poder que ostentaba y vulneró los principios de economía, planeación, transparencia y selección objetiva, fruto de lo cual se habría apropiado –para sí y para otros– de dineros públicos.

Según el proceso, en la celebración de los negocios jurídicos cuestionados, el entonces mandatario regional habría ordenado, a algunos funcionarios de la Gobernación del departamento, favorecer y entregar esos contratos a ciertas personas o consorcios previamente señalados por él.

Las presuntas irregularidades tienen que ver con contratos de obras e interventoría para el reforzamiento del Estadio en la Villa Olímpica de Bucaramanga (2015), obras de mejoramiento en la carretera San Gil–Charalá (2014) y en el corredor vial Agroforestal y Energético (2014), así como labores de mejoramiento en la vía Bucaramanga–Floridablanca (2014).