La Corte Suprema de Justicia dejó en firme una condena contra la embajada del Reino Unido, que la obliga a pagar una indemnización de 165 millones de pesos por despido injusto a la señora Paula Andrés Morales de Burgh, antigua trabajadora de esa misión diplomática.

En primera y segunda instancia los jueces le dieron la razón a la trabajadora, y ahora el máximo tribunal la corrobora.

Para la sala de casación laboral de la Corte, que estudió el caso, el empleador (la embajada del Reino Unido) no logró demostrar quejas contra la señora Morales de Burgh, sino solo informes de la oficina de recursos humanos.

A lo largo del proceso quedó demostrado que la empleada fue despedida sin justa causa por un supuesto acoso laboral. 

"La embajada no demostró las quejas y denuncias presentadas por sus subalternos, más allá de los informes elaborados por la jefe de recursos humanos para terminar el contrato de la trabajadora", señala la Corte Suprema en su fallo. 

Para que se presuma la existencia del acoso laboral es necesario que el empleador demuestre que ocurrió de forma repetitiva y pública los actos constitutivos de acoso.

Estos pueden ser, por ejemplo, actos de agresión física, expresiones injuriosas, ultrajes hostiles, amenazas de despidos y justificadas descalificaciones humillantes de propuestas u opiniones laborales y burlas públicas sobre la apariencia física.

Los hechos que relaciona en la carta con la que desvinculó a la trabajadora Paula Andrés Morales de Burgh no contaron con sustento probatorio, puntualizan los magistrados.