“Convenios con Fundación Conciencia Social están ajustados a la ley”: Gobernación del Atlántico
Estaban dirigidos a la atención sicosocial del adulto mayor, riposta la administración a los cuestionamientos de la Fiscalía..
Los convenios entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social, que aparecen mencionados dentro de la investigación que la Fiscalía General de la Nación les sigue a Nicolás Petro y su expareja Day Vásquez, se firmaron “en estricta sujeción a la ley, aplicando la normatividad respectiva y en cumplimiento de todos los principios que rigen la contratación administrativa”, declaró este domingo la administración departamental en comunicado de prensa.
En el documento, explica que el objeto era “aunar esfuerzos en la implementación de la modalidad de Centros de Vida Móviles para la atención a las personas mayores mediante acciones de orientación psicosocial, (en busca de mitigar el efecto de síndromes geriátricos) y promoción de estilos de vida autónomos y productivos”.
Esta necesidad –asegura- surgió en el Atlántico ante los efectos que tuvo la pandemia en la salud física y mental de los mayores de 65 años en varias poblaciones del departamento.
La Gobernación del Atlántico recordó además que la Fundación Conciencia Social (Fucoso), que dirige Gustado De la Ossa, es una entidad sin ánimo de lucro creada en el año 1996, que acreditó su idoneidad para celebrar el convenio de asociación con varios contratos celebrados con el Distrito de Barranquilla dentro de la política del Adulto Mayor y aportó más del 30 por ciento del valor del mismo.
Indicó además que en cumplimiento del Decreto 092, la administración del Atlántico publicó en la página web del Departamento, una invitación a otras entidades sin ánimo de lucro que pudiesen estar interesadas en la ejecución conjunta del proyecto, aportando el 30 por ciento o más del mismo, no recibiéndose propuesta alguna.
“Ambos convenios se ejecutaron a cabalidad conforme a lo estipulado entre las partes, tal como lo demuestran los informes de ejecución y los informes finales emitidos por el supervisor”.
Finalmente, la Gobernación asegura que toda la documentación está debidamente publicada en la plataforma transaccional de SECOP II.
Según el fiscal Mario Burgos, Petro Burgos, Day Vásquez, Pedro Name y Gustavo De la Ossa se habrían reunido “para manipular la adjudicación del contrato y en su fase de ejecución” y “habrían realizado maniobras delictivas para apropiarse de los recursos adjudicados para la ejecución del proyecto que tiene como objeto la atención de adultos mayores”.