Como inadecuado e inexacto consideraron las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible del país, la descalificación de las CAR, consignado en el comunicado de prensa No. 106 de la Contraloría General de la República.

Problemas estructurales del  Sistema Nacional Ambiental, desconocimiento del régimen especial de las CAR y las diferencias de interpretación con los equipos auditores de la CGR, que por lo general tienen diversos perfiles profesionales, que no siempre son idóneos para realizar una objetiva evaluación, dan como resultados informes con múltiples hallazgos que afectan a las CAR.

Reconocemos que somos sujeto de control de la Contraloría General dela República, pero “son afirmaciones graves, con las cuales no podemos estar de acuerdo. En el comunicado es evidente la intencionalidad de descalificar y desinformar sobre las Corporaciones, con afirmaciones que empañan la buena gestión que adelantan en sus regiones, lo que hace mucho daño y deslegitima ante la opinión pública a las CAR. Sin desconocer la complejidad en que desarrollan su gestión, las CAR son las entidades ambientales que más logros y acciones ambientales regionales reportan al país, porque son las que implementan las políticas ambientales, están y actúan en el territorio”, dijo Ramón Leal Leal, director ejecutivo de ASOCARS.

Estos hallazgos señalan la presunción más no la certeza de una falta, y que para desvirtuarla ya sea fiscal, disciplinaria, penal o administrativa, una vez recibido el informe las CAR tienen la  oportunidad de demostrar que han realizado un trabajo ajustado a la normatividad vigente. Las CAR seguirán cumpliendo con su labor misional de protección del medio ambiente y prestas a suscribir los planes de mejoramiento.

“Esta situación se vuelve recurrente y la veíamos venir, por ello, nos hemos reunido con el Contralor General y el Delegado para Asuntos Ambientales a fin de revisar el proceso auditor, que en muchas, ocasiones y por diferentes causas no atribuibles a las CAR, por ser estructurales, generan hallazgos cuyo manejo mediático causan grave, daño a la institucionalidad ambiental y que, por lo general, en procesos posteriores, muchos de esos hallazgos son desvirtuados, pero no divulgados. Por eso, no compartimos las interpretaciones que los equipos auditores hacen de los temas objeto de auditoría y además la manera como se divulgan los hallazgos que se hacen a estas autoridades ambientales regionales”, afirmó Leal.

Recursos

Es inexacto decir que “10 CAR manejaron recursos por casi $4 billones en 2017”, cuando en total las 33 CAR alcanzan 2.5 billones de los cuales más del 50% tienen una destinación específica.

La ejecución de recursos de las CAR se ajusta a las políticas ambientales y normatividad aplicable, y parten de realizar su principal función misional de máximas autoridades en sus jurisdicciones. Actúan en contratación y compras cumpliendo además de la Ley 80, con el SECOP y demás iniciativas gubernamentales de transparencia.

Autonomía

Señala el comunicado que “la autonomía de las Corporaciones puedeverse afectada, pues los miembros de sus Consejos Directivos son los Alcaldes y Gobernadores de la jurisdicción, quienes también eligen alos directores generales, pudiendo verse afectada la funciónsancionatoria que tienen en sus jurisdicciones a quienes realicenactividades que afecten el medio ambiente”, se informa que los alcaldes y gobernadores no son quienes exclusivamente eligen a losdirectores, ya que también hacen parte de este órgano de direcciónrepresentantes del presidente de la República, del ministro, sectores productivos, representantes de comunidades negras e indígenas, y demásactores regionales.

Es así como por su especialidad ambiental y conocimiento delterritorio, las CAR son entidades muy importantes para el desarrollosostenible del país y cuentan con profesionales expertos y conocedoresde las problemáticas ambientales. Por ello, “es preocupante que laContraloría no destaque el fortalecimiento que han tenido mediante losplanes de mejoramiento que se dan como resultado de estos procesos auditores, ya que consideramos que es muy importante el papel quepuede cumplir la CGR, al apoyar a la administración pública en la identificación de aquellas acciones u omisiones que interfieran con elaccionar del Estado, procurando la mejora continua”, explicó Leal.

Las CAR como entidades públicas integrantes del Estado, cuentan coninstrumentos e instancias que regulan los procesos y procedimientos administrativos, antes, durante y después de adoptadas las decisionespresupuestales. El no pertenecer a ninguna rama del poder público, por disposición de la Constitución Política, no las convierte en unasruedas sueltas, siendo parte del Estado Colombiano al igual que el Banco de la República, las Universidades Públicas, y organismos decontrol como la misma Contraloría y la Procuraduría General de laNación, sometidos a las reglas de la Constitución Política y de lasleyes colombianas, así como a los controles fiscales, disciplinarios,penales, jurisdiccionales y ciudadanos al igual que cualquier entidad pública del orden nacional.

“El futuro de las CAR está en el fortalecimiento de su gestión comoautoridades ambientales regionales, fundamentada en el conocimiento de su territorio, continuando con el liderazgo en los temas ambientalesen sus respectivas jurisdicciones. Se deben fortalecer técnica y financieramente priorizando el ejercicio de la autoridad ambiental, en beneficio del desarrollo sostenible de las regiones y del país”, concluyó el director de Asocars.