La Contraloría General de la Nación imputó fiscalmente al director general de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, UNGR, Eduardo José González, y a otros directivos de esta entidad por presunta corrupción en las ayudas humanitarias durante la pandemia del Covid 19.

El director de la entidad deberá responder por 5.703 millones de pesos, aunque el total del daño fiscal es en cuantía de 16.637 millones de pesos.

Dice el ente de control fiscal que la UNGR definió un precio único para todo el territorio nacional de $117.000 por kit de alimentos de ayuda humanitaria de emergencia, pero hubo sobrecostos comprobados, faltantes en cantidad y entregas incompletas de mercados, destinados a personas afectadas por la emergencia sanitaria de Covid-19, y ante eso el director suscribió las solicitudes de ratificación y las autorizaciones de desembolso de las órdenes.

Las posibles irregularidades se dieron en 89 órdenes de proveeduría emitidas por Gestión del Riesgo para la entrega de estos kits a damnificados y afectados por la pandemia, conforme a la declaratoria de calamidad pública en varios departamentos del país y en Bogotá.

De este modo, el auto señala que hubo “falencias presentadas tanto en el mecanismo de escogencia de proveedores, como en la metodología de definición de precios, los cuales son claramente del resorte de la ordenación de gasto que en este caso se encontraba en cabeza del director González, cuyas actuaciones desde su esfera funcional, no tuvieron el grado de diligencia suficiente en la toma de decisiones”.

La entidad afectada por el detrimento patrimonial es el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, fideicomiso estatal constituido como patrimonio autónomo y es administrado por La Previsora S.A.