La existencia de presuntos sobrecostos y el indebido pago de costos operativos en la ejecución de los contratos del Programa de Alimentación Escolar –PAE suscritos en las vigencias 2014 y 2015 por el municipio de Uribia (Guajira), dio lugar para que la Contraloría General de la República abra esta semana un proceso de responsabilidad fiscal por $1.614 millones de pesos contra el exalcalde Abel José Giacometto Fominaya, la exsecretaria de Educación Municipal, Zuleima Moscote Redondo, y 11 Asociaciones de Autoridades Tradicionales Wayuu.

Este es el primer proceso fiscal que abre el organismo de control tras las serias inconsistencias que determinó una Actuación Especial de Fiscalización sobre el PAE en los 7 departamentos de la Región Caribe, realizada por la Contraloría Delegada para el Sector Social, y donde se evaluó en concreto la ejecución con recursos del Sistema General de Participaciones y otros del orden nacional

Los fundamentos de hecho que dan origen a este Proceso de Responsabilidad Fiscal, están relacionados con los siguientes hechos:

El municipio de Uribia suscribió durante la vigencia 2014 diferentes convenios con Asociaciones de Autoridades Indígenas y no Indígenas, para el desarrollo del Programa de Alimentación escolar-. Con cada asociación suscribió hasta dos convenios, uno por cada semestre; sin embargo, del primer semestre al segundo semestre aumentó el valor de la ración por Complemento Alimenticio Jornada Mañana, o desayuno en mínimo $150 pesos por ración, sin que se evidencie justificación técnica de este aumento, ni mejora en la minuta patrón de alimentos a entregar.

Así en desarrollo de los convenios suscritos para atender la operación del segundo semestre de 2014, el municipio de Uribia con fuente de recursos del Sistema General de Participaciones SGP, reconoce un mayor valor por cada ración, que consolidado asciende a $451.258.896.

El equipo auditor encontró que además de los sobrecostos pagados en los convenios suscritos con la Asociación de Proyectos Sociales para el Desarrollo Integral “ASPRODEIN”, se pactó el pago de los costos asociados al transporte de los alimentos, gastos estos que se constituyen en daño patrimonial al Estado y se cuantifican en la suma sin indexar de $629.200.000.

Las mismas irregularidades se presentaron durante la ejecución del programa en la vigencia 2015, en la que el Municipio de Uribia reconoce a los operadores (asociaciones autoridades Wayuu) un mayor valor por cada ración, que consolidado asciende a $534.004.612.

En este sentido, es claro que en el presente caso se pagó por parte del municipio de Uribia un costo en exceso por cada ración de complemento alimentario dentro de los contratos bajo examen para las vigencias 2014 y 2015, lo cual se constituye en el daño al patrimonio del Estado, materializando la existencia de sobrecostos y pago de costos operativos.