La Contraloría General de la República dio a conocer los resultados de la auditoría adelantada al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia FPS-FNC, por las vigencias 2016 y 2017, que puso de presente las graves dificultades que afronta la entidad auditada, por las que se determinaron hallazgos fiscales que suman $14.635 millones.

Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General de la República consideró como No Conforme la gestión adelantada por el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia – FPS-FNC, en la administración de recursos públicos, durante las vigencias auditadas.

Contratos de arrendamientos fantasmas

La Contraloría pudo evidenciar que durante la administración de Jaime Lacouture Peñaloza, el  Fondo de Pasivo Social – Ferrocarriles Nacionales de Colombia recibió ingresos por supuestos contratos de arrendamiento comercial, sin que se hubiese evidenciado el registro de los mismos en la cuenta contable de terrenos, y sin evidencia física de la existencia de los mismos, incumpliendo lo establecido en las normas de saneamiento contable, y normas y principios de contabilidad establecidos por la Contaduría General de la Nación.

Según la información constatada por la Contraloría, y que tuvo origen en la Tesorería de Ferrocarriles, se trataría de supuestos contratos suscritos por concepto de campamentos y lotes de terreno, sin que se pudieran evidenciar dichos registros en la cuenta contable de terreros, así como tampoco el de los supuestos campamentos que fueron arrendados por el FPS-FNC.

Se determinó que, entre las vigencias de 2016 y 2017 el FPS-FNC recibió ingresos por tales supuestos arrendamientos comerciales, pero según información suministrada por la propia Tesorería de la entidad, no se evidencia el registro en las cuentas contables la existencia de los supuestos bienes arrendados por el FPS-FNC.

Lo anterior, no sólo incumple lo establecido en las normas de saneamiento contable, normas y principios de contabilidad, impactando negativamente la veracidad de los Estados Contables del FPS-FNC, sino que tampoco existe evidencia la expedición de facturas que justifiquen legal y contablemente dichos ingresos – recibiendo además en pago un supuesto IVA sin que el mismo haya sido facturado ni posteriormente reportado a la DIAN.

Consorcio Odebrecht, uno de los involucrados

Las prórrogas de los supuestos contratos de arrendamiento mencionados fueron suscritas por quien, para la fecha de los hechos obraba como representante legal de la entidad, Jaime Luis Lacouture Peñaloza, y llamó fuertemente la atención de la Contraloría la presencia como uno de los arrendatarios del FPS-FNC, del Consorcio Odebrecht, que sigue consignando sumas a favor de la entidad por supuestos cánones de arrendamiento, resaltándose que no hay registros ni evidencia de los supuestos bienes arrendados, ni de los folios de matrícula inmobiliaria que les correspondan.

La Contraloría pudo evidenciar las inconsistencias en la información suministrada por las diferentes áreas de la entidad, que generan incertidumbre frente a la realidad en el número de contratos suscritos y de los derechos registrados como deudores, reflejados en los Estados Contables del FPS-FNC, así como la evidente falta de articulación y conciliación inter-áreas responsables de los arrendamientos.

El registro en mención, refleja una disputa judicial con el Consorcio Odebrecht con ocasión del supuesto contrato, que figura así en los libros de la entidad:

“(…) Registro consignación titulo judicial no. 400100003976748 y 400100004045680 proceso ejecutivo contra el Consorcio Odebrecht según oficio oaj-20131300059443 (…)” y otra por $37.025.789,43 por “(…) de acuerdo con circular externa 50 de agosto 23/02 de la Contaduría general reclasificamos cuenta (…)”

Según la CGR, todo lo anterior refleja la falta de control y seguimiento por parte de la entidad, no sólo sobre la normatividad aplicable para los contratos de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles que suscribe el FPS-FNC, sino igualmente las deficiencias de Defensa Judicial por parte de la entidad para la recuperación o restitución de estos inmuebles, con el riesgo de que se le generen más y nuevos procesos de judiciales.

Quedó evidenciada la falta de inventario exacto y veraz del número de contratos de arrendamiento de bienes del FPS-FNC, lo que conlleva a la inconsistencia en los Estados Financieros y de los reportes que debe emitir la entidad a otras entidades y órganos de control.

Gestión de cobro coactivo y administración de cuotas pensionales

Las irregularidades descritas se evidenciaron igualmente en la administración por parte del FPS-FNC de la cartera de cobro coactivo del liquidado Instituto de Seguros Sociales, responsabilidad que le fue asignada al FPS-FNC mediante el Decreto 553 de 2015.

Sin embargo, la misma no se encuentra debidamente registrada en los Estados Contables al cierre de la vigencia 2016 y 2017, y tampoco cuenta el FPS-FNC con una herramienta tecnológica para el manejo de información de los procesos coactivos que garantice la veracidad y confiabilidad de la cartera necesaria para conocer con certeza la cantidad de títulos ejecutivos, procesos y fechas de cada una de las etapas procesales como: mandamiento de pago y su valor, medidas cautelares, depósitos judiciales asociados a cada proceso, acuerdos de pago, recursos al mandamiento de pago, excepciones y sus recursos, liquidación del crédito y costas, así como demandas al contencioso administrativo de las providencias que señala la ley, entre otros elementos.

En la actualidad la información de los procesos de cobro coactivo del ISS Liquidado, son manejados por el FPS-FNC a través de una hoja de Excel, que refleja información incompleta e imprecisa; evidenciando inseguridad de la información, además de que lesiona los derechos de los beneficiarios de los pensionados.

Similares circunstancias se evidenciaron con la administración de las Cuotas Partes Pensionales, cuyo correcto y oportuno pago le corresponde al FPS-FNC.

La Contraloría pudo evidenciar las irregularidades que existen en el manejo de estas cuentas, donde sólo para la vigencia 2016, no se refleja la gestión, elaboración y emisión de cuentas por cobrar, generando incertidumbre sobre el valor de esta cartera en los estados contables: no hubo conciliaciones entre las áreas involucradas para determinar que la información contable, presupuestal y financiera, registrada en los Estados Contables, garanticen su confiabilidad y veracidad de esta cartera; no se evidenciaron gestiones de revelación y reconocimiento de la cartera de cuotas partes del extinto ISS.

Para la vigencia 2017, en el mes de noviembre se evidenció el registro de $35.671 millones, correspondientes a vigencias anteriores; sin embargo, no se pudo establecer e identificar si el saldo reflejado en los Estados Contables corresponde a la totalidad de la cartera o no.

Todo lo anterior refleja el incumplimiento de la normatividad vigente sobre la materia, generando incertidumbre sobre la cartera a cargo de la entidad, que hoy no tiene certeza sobre su valor y posibilidades de recaudo.

Monetización de títulos de depósito judicial

Llamó igualmente la atención de la Contraloría, las irregularidades en el registro de la monetización de los títulos de depósito judicial de los procesos de cobro coactivo del antiguo Instituto de Seguros Sociales, que fueron entregados por el Banco Agrario al FPS-FNC, que los consignó en su cuenta corriente, a través de un procedimiento que a la fecha no se encuentra reglamentado, aprobado, adoptado, y mucho menos divulgado al interior de esta entidad.

Sólo durante las vigencias 2016 y 2017, el FPS-FNC ha recaudado y monetizado 900 títulos judiciales, equivalentes a una suma superior a los $32.678 millones.

Los anterior, incumple no solamente lo dispuesto en el Acuerdo No. 1676 de 2002 de la Rama Judicial del Poder Público - Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, sino que en la práctica lleva a que el FPS-FNC haya tenido la disposición de los títulos de depósito judicial, facultad exclusiva de los Funcionarios Judiciales, que en el caso de los procesos coactivos corresponde al Funcionario Ejecutor de Cobro.

Al comparar la información recaudada por la Contraloría, no es posible determinar cuál es la totalidad de los procesos de cobro coactivo iniciados por el extinto ISS, debido a las diferencias reflejadas en la cantidad de procesos y sus cuantías, lo que imposibilita determinar cuál de estas informaciones sea la fidedigna, consistente y confiable.

Se evidencian entonces graves deficiencias de control y seguimiento en el manejo de la cartera de los procesos de cobro coactivo, que a su vez generan un impacto negativo en el registro total y el universo de los procesos de cobro coactivo iniciados por el entonces ISS En Liquidación, así como en los Estados Financieros de las vigencias 2016 y 2017 de la entidad auditada, que se encuentra en incumplimiento de las normas básicas de contabilidad, principios y demás relacionadas.

El no registro, reconocimiento y la revelación de los títulos judiciales equivalentes a más de $32.678 millones, así como su correspondiente aplicación de manera inmediata a los respectivos procesos de cobro coactivo, afectan gravemente los terceros beneficiarios de dichos derechos.

Recursos adeudados al Sistema General de Seguridad Social en Salud

La ineficiente gestión administrativa, contable, financiera y jurídica del FPS-FNC, llevó también a la configuración de un pasivo con el Sistema General de Seguridad Social en Salud, por cuantía superior a los $13.093 millones.

Los recursos pertenecientes al Sistema de Salud, y que se encontraban bajo la administración del FPS-FNC, debían ser conciliados y se tenían que adelantar oportunamente las acciones y gestiones ante las entidades como el FOSYGA, ADRES, y/o el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para destinar dichos recursos a disposición del Sistema, tal y como la normatividad vigente en su momento lo exigía.

Sin embargo, la injustificada omisión por parte del FPS-FNC, al no tomar oportunamente las medidas necesarias, permitió el embargo judicial de los recursos, medida cautelar que trajo como consecuencia la pérdida para el Sistema de Salud de más de $13.093 millones, sin que el FPS-FNC haya gestionado, sin justificación alguna, ante el Ministerio de Hacienda y demás entidades competentes, el reembolso de los recursos para pago de sentencia judiciales, con lo que se hubiese actualizado y compensado el presupuesto de la entidad.

Sin embargo, a pesar de las notificaciones recibidas por el FPS-FNC, a corte del 31 de diciembre de 2017, sigue vigente el embargo de las cuentas bancarias de la Entidad, correspondientes a la Unidad Ejecutora de Salud, en cuantía de $13.093.341.079.

La no obtención oportuna de los recursos por concepto de Sentencias y Conciliaciones trajo como consecuencia el pago de una sentencia por un proceso ejecutivo, pero con dineros de la Unidad de Pago por Capitación, que tienen destinación específica y debían haber sido retornados al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Contratos de prestación de servicios - contratación directa

El comportamiento de los Contratos de Prestación de Servicios, especialmente aquellos que fueron objeto de Contratación Directa durante las vigencias auditadas -2016 y 2017-, llamó fuertemente la atención de la Contraloría General de la República por los siguientes aspectos:

De la información suministrada por el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia – FPSFNC, durante la vigencia 2016 se observó la realización de 334 contratos de prestación de servicios por $6.057.444.196, suscritos bajo la modalidad de Contratación Directa.

Un comportamiento similar se presentó durante la vigencia 2017, donde el FPS-FNC suscribió 398 contratos bajo la modalidad de Contratación Directa por $6.794.152.129, destinados a la prestación de servicios profesionales, lo que se repitió en la vigencia 2018, en la que tan solo en 16 días -del 10 al 26 de enero de 2018-, se suscribieron un total de 229 contratos de prestación de servicios.

Cabe anotar que, durante la vigencia 2016, el FPS-FNC suscribió 75 contratos para la atención de los procesos de Cobro Coactivo, de los cuales, 74 corresponden a prestación de servicios profesionales, y el restante a la custodia, administración y organización del archivo del ISS – Cobro Coactivo.

Dichos contratos, incluyendo los citados anteriormente, fueron comprometidos y pagados presupuestalmente, con recursos que correspondían de manera específica a “Procesos de Cobro Coactivo y Administración de Cuotas Partes Pensionales del ISS Empleador (Artículos 1 y 2 – Decreto 553 de 2015)”.

La situación descrita anteriormente se presenta por falta de planeación e improvisación en las etapas pre-contractual y contractual, así mismo por desconocimiento de los estudios previos que justificaban la necesidad de la contratación para los diferentes procesos de cobro coactivo; lo que derivó en la contratación de personas cuyas funciones podían ser cubiertas por personal de planta, incurriendo de esta forma en el uso ineficiente de los recursos del Estado y  en la violación de los principios de contratación estatal expuestos en la Ley 80 de 1993.

Incumplimiento material: concepto adverso

Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General de la República considera que el cumplimiento de la gestión adelantada por el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia – FPS-FNC -, en la administración de recursos públicos durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017 no resulta conforme en todos los aspectos significativos, frente a los criterios aplicados, configurándose igualmente hallazgos fiscales en cuantía de $14.635 millones.