El presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas Betancourth, lanzó a través de una entrevista en la W Radio una serie de cuestionamientos sobre el acuerdo final de paz entre el Gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. 

Rojas precisó que la Jurisdicción Especial para la Paz, que será la encargada de juzgar a las FARC en el posconflicto, no tiene un tiempo de funcionamiento determinado en  el documento firmado por Santos y ‘Timochenko’ el lunes en Cartagena. 

“Está por fijarse la duración de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues no se incluye en el Acuerdo”, precisó el magistrado, quien indicó que las sentencias emitidas por este tribunal serán enviadas a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la cual sí tiene un tiempo definido en el acuerdo correspondiente a tres años de duración.

"Es decir, que las sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz deberían proferirse en menos de tres años para que puedan ser incluidas en los informes de la Comisión y así contribuir al esclarecimiento de la verdad y el reconocimiento de los daños", agregó Danilo Rojas.

Otras advertencias

El presidente del Consejo de Estado manifestó que hay vacíos estructurales frente a temas como la acción de tutela, la cosa juzgada y la reparación de víctimas, los cuales podrían "acarrear conflictos de competencias e inseguridad jurídica, dilatando los procesos y volviendo ineficiente la nueva institucionalidad”.

Rojas indicó que debe evaluarse si la implementación de este tribunal “debe acompañarse de una reforma constitucional” que determine hasta dónde pueden actuar los jueces ante tutelas “que versen sobre hechos del conflicto, las que se interpongan en contra de sentencias emitidas por los magistrados de dicha Jurisdicción Especial y aquellas que busquen la defensa del debido proceso por actuaciones de las Salas o Secciones".

También hizo una llamado sobre la polémica reparación de víctimas. Es "necesario resaltar que ante estas graves violaciones ocurridas, muchas de ellas en el conflicto armado interno, los estándares nacionales e internacionales han exigido la búsqueda de la reparación integral también en los ámbitos judiciales”, pero para Rojas el acuerdo no garantiza una reparación que obedezca a estas líneas.