Ilustración violencia contra los niños
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violenceagainstchildren.un.org

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Congreso analiza nuevas estrategias para contrarrestar violencia sexual infantil

Conflicto armado, desplazamiento forzado, inequidad, pobreza, desempleo y exclusión social, factores del fenómeno.

La representante conservadora por el departamento del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, anunció que la Comisión Primera de la Cámara realizará una audiencia pública para analizar el proyecto de ley que determina nuevas estrategias para contrarrestar la violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres del territorio nacional.

Matiz Vargas, ponente de la proposición, dijo que esta iniciativa promueve el fortalecimiento de políticas de transformación cultural, prevención, atención, protección y acceso a la justicia por parte del Estado colombiano.

“El proyecto de ley ha sido elaborado con la finalidad de tomar medidas legislativas que permitan al Estado colombiano avanzar en la implementación de acciones frente a las violencias contra las mujeres, las niñas y los niños, con especial énfasis en la violencia sexual y específicamente la trata de personas y la explotación sexual”, señaló la congresista.

Sostuvo que aunque en la legislación colombiana existan normativas que ataquen este problema, la actualidad muestra que siguen presentándose hechos de esta índole, dejando un vacío jurídico para contrarrestar el fenómeno.

De acuerdo con un informe del Ministerio del Interior, la violencia sexual, en especial los casos de trata de persona en Colombia, han venido aumentando con el transcurso de los años. 

Desde el 2013, cuando ocurrieron 62 casos, pasaron a 124 en el 2019, una situación que genera bastante preocupación para la ponente.

Asimismo, la cartera indicó que la mayor parte de las víctimas provienen de zonas como el extranjero con 12 casos, seguido de otras regiones como Antioquia con 11, Bogotá con ocho, Valle del Cauca con siete, Norte de Santander con seis, entre otros.

El ministerio apunta a que factores como el conflicto armado, el desplazamiento forzado, la inequidad, la pobreza, el desempleo y la exclusión social son algunas de las causales por las que persiste este delito en el país, al igual que el fenómeno de la migración y la utilización de las redes sociales u otros medios de comunicación digital.

 

 

 

 

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