La congelación de las tarifas de los peajes concesionados desde comienzos de este año representaría un ‘boquete’ fiscal de $13,8 billones para financiar los proyectos viales, lo que representa un riesgo para el modelo de las concesiones en el país, advirtió este viernes la Cámara Colombiana de la Infraestructura, que preside Juan Martín Caicedo.

En un documento en el que explica el impacto de los peajes concesionados en el IPC y en los fletes, el sector de los constructores considera necesaria la actualización de los mismos (con base en el IPC de 2022), para garantizar la marcha de los proyectos, así como la confianza de los inversionistas y los financiadores.

“Tal incremento no generaría una afectación inflacionaria, por cuanto, según el propio DANE, el impacto de los peajes en la inflación fue del 0% en los años 2019 y 2021, al igual que en lo corrido de 2023”, dice el documento.

Para el gremio, después de que el Gobierno Nacional expidió el decreto 050, que congela el cobro de los peajes, se puede concluir que el país podría estar sacrificando su política fiscal y la inversión extranjera que ha impulsado el desarrollo de infraestructura, por cuenta de un aporte marginal de los peajes al IPC.

Agrega que esta medida envía mensajes de incertidumbre e inseguridad jurídica a los grandes financiadores nacionales e internacionales.

“Los concesionarios pondrían en riesgo el cumplimiento de sus obligaciones financieras y, por ende, el ritmo de inversiones que requiere el país en materia de infraestructura”, afirma.

Finalmente, reiteran que estarían en riesgo el modelo de concesiones, el cual ha dado frutos a lo largo de 30 años con la intervención de más de 10.000 km, más de 1 millón de empleos, así como el desarrollo económico local de las regiones.

“El sector de la infraestructura -del cual hacen parte las vías concesionadas- es, junto a la vivienda y el sector energético, dinamizador contracíclico de la economía, justo en el momento que ella lo requiere”, concluye.