El trabajo investigativo de la Fiscalía General de la Nación en la lucha contra la corrupción continúa dando resultados contundentes; esta vez en la marco del caso denominado ‘Cartel de las devoluciones del IVA’.

Una nueva sentencia condenatoria, proferida en primera instancia, por el Juzgado Cuarto Especializado de Bogotá con función de conocimiento, se da luego de que la Fiscalía probó en juicio la participación de diez personas en los delitos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos y peculado por apropiación agravado.

Se trata de tres funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para la época de los hechos, así como siete empleados y colaboradores de la Sociedad Consultores y Asesores R&B SAS. que, entre 2008 y 2011, reclamaron de forma fraudulenta $16.640’296.000, producto de las devoluciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA), a través de la creación de empresas ficticias exportadoras, sin tener derecho a tal beneficio.

El caso 

Las investigaciones permitieron demostrar que los procesados cumplieron roles específicos y determinados incurriendo en múltiples falsedades para aparentar la compra y posterior venta de materiales de chatarra con fines de exportación, al igual que los balances de estados financieros y certificaciones de revisores fiscales en los que se consignaban simulaciones sobre la existencia y ocurrencia de operaciones comerciales, induciendo a error a servidores públicos.

Adicionalmente ofrecían dinero a los funcionarios de la Dian para que agilizarán y aprobaran los trámites. Una vez se apropiaron del dinero ilícitamente adquirieron bienes o transformaron el capital a través de operaciones en la Bolsa de Valores y en el sistema financiero obteniendo para sí y para terceros un incremento patrimonial no justificado.

El modo de operación

Los 10 condenados contribuyeron con la creación de sociedades que sólo existían en el papel con el propósito de hacerlas pasar como proveedoras de material de chatarra de otras empresas previamente constituidas; luego pretendían ventas ficticias con comercializadoras internacionales que no contaban con el registro aduanero para realizar operaciones de exportación.

En la investigación se comprobó que los implicados en el caso confeccionaron, produjeron,

crearon y organizaron las carpetas a través de las cuales se solicitaron devoluciones de IVA ante la Dian mediante operaciones comerciales de exportación ficticia donde las contadoras se hacían pasar por revisores fiscales o contadoras de las sociedades inexistentes para avalar las devoluciones que radicaban los representantes legales de las empresas solicitantes.

Los condenados

Los entonces funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que durante los tres años en mención prestaron sus servicios para hacer efectivos los trámites de devoluciones del IVA, son:

- Ervin Enrique Martínez Caldera, quien gracias a los conocimientos adquiridos en la Dian asesoró sobre la correcta presentación de las carpetas para su radicación y quien también intervenía para que el reintegro fuera efectivo.

- Antonio Ramón Ángulo Hernández y Raúl Vargas (aún funcionario) ocultaron los hallazgos que sobre el fraude se hallaron en 2010, por lo que recibieron millonarias dádivas económicas.

Por sus actuaciones fueron condenados como coautores de los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y peculado por apropiación todos agravados a la pena principal de 18 años de prisión. Igualmente deberán pagar una multa de 34.351 salarios mínimos legales vigentes y estarán inhabilitados por 20 años para ejercer cargos públicos.

También fueron condenados cuatro empleados y tres colaboradoras de la empresa Consultores y Asesores R&B SAS., de propiedad de la hoy condenada Blahca Jazmín Becerra Segura, que con su trabajo contribuyeron para a la defraudación al Estado, así:

- Yasmín Viviana Silva Sánchez y Andrea Botina Montero, contadoras públicas, quienes crearon las carpetas de solicitud de devolución de IVA donde las beneficiarias eran las empresas que respaldaban las operaciones comerciales con proveedores de fachada. Silva Sánchez aparecía como contadora y revisora fiscal de algunas de estas sociedades; mientras que Botina Montero fungió como revisora fiscal de otra.

- Catherine Cano Martínez también era contadora y trabajaba en el proyecto de devoluciones donde realizó varias facturas, cambió soportes y firmó como revisora fiscal de Metales Tato SAU para solicitar la devolución del impuesto.

También, Fernando Quiceno Cruz, el cual actuaba como representante legal de una de las empresas que cobraba de manera fraudulenta el IVA.

- Luz Adriana Matamba Sepúlveda se encargaba de realizar las carpetas consolidadas para realizar el trámite de devolución del impuesto y fungía como revisora fiscal de algunas de ellas.

- Miriam Teresa Peña Palacios que, como abogada, asesoró de manera permanente a Blahca Yazmín Becerra Segura, no sólo para asuntos personales sino también para intervenir en representación suya o de sus clientes en Consultores y Asesores R&B SAS. a los requerimientos administrativos de Dian para cobrar sus títulos valores de reconocimiento de evolución, también fue enlace con funcionarios de esa entidad.

En su decisión el juzgado profirió una condena de 16 años y 6 meses de prisión y multa de $26.684 salarios mínimos legales vigentes, por hallarlos responsables de las conductas punibles de lavado de activos, concierto para delinquir y peculado por apropiación agravado.

Asimismo, Diana Marcela Ramos Cárdenas deberá pagar una pena de 9 años de prisión y multa equivalente a $2.900 salarios mínimos legales vigentes, en calidad de autora del delito de concierto para delinquir agravado. Ramos Cárdenas fue auxiliar contable en el proyecto de elaboración de los soportes de devoluciones. Se conoció que nunca firmó como contadora por no tener título profesional y dependía de otros contadores, pero cuando se graduó fue nombrada revisora fiscal de una de las sociedades.

El juez no concedió subrogados a ninguno de los sentenciados, por lo que deberán purgar la totalidad de la pena impuesta en establecimiento penitenciario.

La Fiscalía hizo pública esta información por razones de interés general.