Un llamado a las autoridades nacionales para tomar medidas urgentes ante la crisis de madres comunitarias que se vive en todo el territorio nacional, hizo el secretario privado de la Gobernación del Atlántico, Pedro Lemus, con el fin de que destinen recursos que el país tendrá en el escenario del posconflicto y se aliviane a este sector “en cuyas manos está el cuidado de las nuevas generaciones de colombianos”.

Lemus señaló que este es un tema que “nos afecta sensiblemente a todos, ya que tiene que ver con el cuidado de nuestros niños” y recordó la difícil situación que están atravesando estas mujeres “cuidadoras de más de un millón de niños colombianos menores de seis años, pertenecientes a los niveles 1 y 2 del Sisben”.

Explicó Lemus que “este programa cuenta con 30 años de existencia (desde 1989) tiempo durante el que miles de mujeres colombianas, pertenecientes a los estratos más bajos de la sociedad, han aportado su fuerza de trabajo y han abierto las puertas de sus hogares para cuidar a millones de niños, también de escasos recursos, dentro de sus propias casas. Muchas de ellas son mujeres que escasamente han finalizado su escolaridad y la mayoría cuenta con muy pocos  recursos económicos para instalar su propio hogar”.

Ante ello, recordó que “sus derechos laborales (contratación, pago de un salario mínimo, pago de seguridad social, primas y pensión) fueron reconocidos mediante el Decreto 289 de 2014, es decir hace apenas un par de años”, por lo que se hace preocupante la problemática que están experimentando.

De acuerdo con Lemus, aunque “durante el 2016 se emprendió la aprobación del Proyecto de Ley 127 de 2015 mediante la cual se busca que estas mujeres sean contratadas directamente por el ICBF, es decir que sean consideradas trabajadoras formales del Estado y que su contratación no esté dada por intermediación, como ha sido el caso hasta ahora”, sucedió que “durante la última semana el Presidente de la República objetó la aprobación de esta ley por considerar que la creación de más de 64 mil nuevos puestos de trabajo en el sector público supondría un gasto de 800 mil millones de pesos, recursos con los que, en teoría, no cuenta el ICBF”.

Por esta razón, Lemus invitó al Gobierno y a la comunidad a hacer una reflexión sobre las posibilidades que existirían para no darle fin al programa y se preguntó “¿es realmente imposible encontrar la financiación para que se formalice esta contratación?”

Y él mismo respondió haciendo la siguiente proposición: “Con la reforma tributaria el Gobierno Nacional espera recaudar 7 billones de pesos durante el 2017 y 8 billones durante el 2018. De otro lado, con la implementación del acuerdo de paz se liberan recursos antes destinados a la guerra, ¿no sería necesario y coherente con  el espíritu del proceso de paz destinar algún porcentaje de estos rubros para empezar a ejecutar estas contrataciones?”.

“De otro lado, se calcula que anualmente la corrupción le cuesta al país 22 billones de pesos, algo así como el 4% del su PIB. Para que nos hagamos una idea de todo el dinero que se pierde por prácticas corruptas quiero señalar que si esta cifra se destinara exclusivamente al programa de las madres comunitarias podrían pagarse los salarios anuales de casi un millón y medio de ellas, o atenderse a trece millones de niños en todo el territorio nacional”, agregó.

Señaló Pedro Lemus, que “al día de hoy no sabemos con certeza cuántas madres comunitarias hay en Colombia, pero de acuerdo con diferentes fuentes estas pueden ser más de 80 mil. En la página del ICBF se habla de la existencia de 77 mil mujeres adscritas al programa, cifra que está en constante ascenso”.

“Por estas razones es importante que desde las instancias gubernamentales y desde la ciudadanía misma se busquen las opciones, los recursos y las voluntades políticas (el principal ingrediente para hacer posible el desarrollo humano) en pos de mejorar cada vez más las condiciones de estas ejemplares mujeres, en cuyas manos está el cuidado de las nuevas generaciones de colombianos”, puntualizó.