La Cámara Colombiana de Infraestructura seccional norte respaldó este lunes la propuesta de la ANI de suspender por un año el cobro del peaje de Turbaco, en el corredor de carga Cartagena-Barranquilla, para vehículos de categorías I y II, mientras se analiza su reubicación.

La medida solo aplicaría en ese lapso desde las categorías III en adelante en el mismo sitio en donde están ubicadas las actuales casetas de cobro.

“La intransigencia de unos pocos no puede prevalecer sobre el interés general”, dijo el gremio, que agregó que quienes rechazan tarifas diferenciales para categorías I y II y reubicación de estación de cobro en Turbaco ponen en riesgo mantenimiento del corredor.

Para la CCI regional norte, el rechazo de la propuesta de la Agencia Nacional de Infraestructura evidencia que “intereses del Comité No pago a los peajes son ajenos al bienestar de las comunidades que dice representar”.

Asegura que el recaudo del peaje es fundamental para mantener las condiciones de niveles de servicio de dicha vía, retomar el equilibrio económico del contrato de concesión y evitar su liquidación anticipada.

De hecho –añade- como lo señala la ANI, la suspensión por un año el cobro del peaje de Turbaco para las categorías I y II, y la reubicación de su estación de pago, impacta en un 25% aproximadamente el ingreso total del proyecto y obligaría a ampliar su plazo de ejecución y a dejar de hacer obras por $53.474 millones.

El gremio también recuerda que la ANI ha efectuado 10 mesas de trabajo con los miembros del Comité No Pago a los Peajes, en una de las cuales ofreció una tarifa diferencial de $1.800 e inversión adicional de $25.000 millones para Turbaco, “sin embargo y a pesar de los esfuerzos, la contraparte continúa con una posición intransigente e indispuesta para llegar a un acuerdo que termine, beneficiando al municipio que dicen representar”.

Finalmente, opina que el modelo de concesión que ha sido vital para modernizar la infraestructura que necesita el país, “no puede ser tergiversado por quienes, sin argumentos técnicos y jurídicos, buscan invalidarlo, especialmente en medio de procesos electorales para alcaldías y gobernaciones como el que está en marcha, porque hacerlo es atentar contra el desarrollo económico y social.