Caso William Dau y Centros Poblados, "tienen diferencia abismal": Procuradora
Margarita Cabello se refirió al video que publicó el exalcalde de Cartagena cuestionando el fallo del Ministerio Público que archivó la investigación a la exministra Karen Abudinen.
La Procuradora General, Margarita Cabello Blanco, se pronunció hoy sobre el video que publicó en sus redes sociales el exalcalde de Cartagena, William Dau, cuestionando y calificando de corrupta a la exministra de justicia barranquillera por eximir de responsabilidad a la también exministra de las TIC, Karek Abudinen.
Pese a que inicialmente dijo que no opinaba sobre "las expresiones de los afectados disciplinariamente", luego hizo algunas precisiones sobre la diferencia de los dos procesos administrativos.
"En el primer caso, de Centros Poblados, la Procuraduría ha actuado frente a quienes realmente ejercieron las funciones de licitaciones y de contratación que fue Secretaría General, como ordenador del gasto del Ministerio de las TIC. ¿La ministra firmó algún documento? es mi pregunta", dijo.
Señaló que por el contrario "en el caso del exalcalde (William Dau) ¿quién fue el que firmó todo y el que realizó todo?".
Manifestó que entre uno y otro caso, "la diferencia es abismal entre una y otra situación".
"No es bueno ponerse a compararlas porque los hechos mismos me relevan de dar explicaciones. En el caso del alcalde, él fue el autor. En el caso del otro, los autores ya están sancionados por la Procuraduría con sanciones altas".
Margarita Cabello manifestó que la Procuraduría es "la única entidad que ha sancionado en el caso de MinTIC a los responsables que fueron los que manejaron la licitación como ordenadores del gasto y los servidores públicos que participaron en esa defraudación".
Esta semana, la Procuraduría General de la Nación archivó de manera "definitiva" el proceso contra Karen Abudinen, exministra de las TIC, pues no se acreditó "una conducta irregular", en el caso del escándalo de Centros Poblados.
En cambio, el mismo despacho de la Procuradora destituyó e inhabilitó por nueve años a William Dau para ejercer funciones públicas. Esta decisión se tomó por presuntas irregularidades en la adquisición de diez mil pruebas rápidas para el diagnóstico del Covid-19 en 2020.