La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra Myrna Elvira Martínez Mayorga, exjefe de la Oficina Jurídica del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), por hacer una inversión de 4.700 millones de pesos en un proceso de conciliación sin informar un aparente conflicto de intereses.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Cartagena investiga a Martínez Mayorga por su actuación en dicho proceso con la entidad Aseo Urbano de la Costa S.A., sin comunicar que en la misma, en los años 2010 y 2011, había desempeñado el cargo de Directora Jurídica. 

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“Esto colocaba en peligro el interés general de la función pública dado el anterior empleo que desempeñaba ella misma en la empresa mencionada”, aseguró el Ministerio Público sobre el interés particular de la funcionaria. 

De igual manera, agregó que “ella tenía el deber legal de observar y acatar lo dispuesto en la Constitución, leyes y reglamentos de la entidad y frente a un eventual conflicto de intereses presentarse como impedida y apartarse de cualquier decisión”. 

Con esta conducta la funcionaria habría vulnerado los principios, cometiendo así una grave falta, consideró la entidad.