![Exdirector de la UNGRD, Eduardo José González Angulo.](/sites/default/files/styles/1280_x_530_noticia_interna/public/2024-08/Eduardo%20Jos%C3%A9%20Gonz%C3%A1lez_0.jpg?h=cd452635&itok=TPOTMqjY)
Cargos a exdirector de UNGRD por presuntos contratos irregulares en pandemia
Eduardo José González habría autorizado la firma de contratos con empresas dedicadas a la venta de pólvora, actividades de construcción, venta de licores y actividades de pesca.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Eduardo José González Angulo (2018 – 2022), por presuntas irregularidades en la suscripción de 4 contratos durante la época de la pandemia provocada por el covid-19.
La Delegada Disciplinaria de Instrucción 6 para la Contratación Estatal señaló que el entonces funcionario, que por su rol ejercía como ordenador del gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, instruyó a la Fiduprevisora para que en su calidad de representante legal, vocera y administradora de la subcuenta para la mitigación de emergencias Covid-19 gestionara los negocios jurídicos.
El Ministerio Público sostuvo que los 4 bilaterales habrían sido suscritos con contratistas que aparentemente no contaban con los requisitos de capacidad jurídica ni de experiencia para desarrollar las actividades que se especificaron en cada uno de ellos, ya que estaban dedicados a la venta de pólvora, actividades de construcción, la venta de licores y actividades de pesca.
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Y el Ente de control resaltó el incumplimiento del contrato por más de $93.500 millones, que tenía como objeto el suministro de ventiladores para preservar la vida de pacientes internados en unidades de cuidados intensivos por estar contagiados con el virus, lo que evidenciaría una actuación irresponsable.
Finalmente, la Procuraduría indicó que con su posible comportamiento, González Angulo vulneró el principio de moralidad pública, pasado por alto el cabal cumplimiento de los deberes funcionales que tenía la obligación de cumplir, con lo que habría materializado la comisión de una falta, que de manera provisional fue calificada como grave a título de culpa gravísima.
*Con información de Procuraduría General de la Nación