Cargos a exalcalde de Morroa, Sucre, por transporte escolar deficiente
Pagó la totalidad del contrato a pesar que no se utilizaron los vehículos propuestos.
Por posibles irregularidades en contrato de transporte escolar, la Procuraduría formuló pliego de cargos al exalcalde de Morroa (Sucre), Juan Domínguez Carrascal.
En el marco de este contrato, el investigado habría autorizado el pago total del mismo pese a que para la prestación de dicho servicio se utilizaron vehículos que fueron ofertados en la propuesta y cuyas características eran distintas a las especificadas en el pliego de condiciones definitivo, en la adenda No. 2 del 19 de junio de 2012 y en el texto del contrato.
La investigación señala que Juan Domínguez Carrascal tuvo conocimiento de que los vehículos utilizados por el contratista para la prestación del servicio escolar no fueron los mismos ofertados y contratados por el municipio, pues no son idénticos a los del registro fotográfico anexo a la propuesta ni a los evaluados; no obstante, el investigado habría manifestado que el cambio de los mismos obedecía al mal estado de las vías rurales.
El pliego de cargos señala además que pese a lo anterior y a que aún faltaban dos meses de vigencia del contrato, el disciplinado no habría adelantado ninguna gestión para corregir esta situación.
En consecuencia, el entonces funcionario no habría cumplido con su responsabilidad de controlar y vigilar la efectiva ejecución de la prestación del servicio de transporte escolar conforme a lo previsto.
En el marco de esta investigación el Ministerio Público ordenó tomar copias del pliego de cargos y de otros documentos con el fin de investigar por separado a Ader Anderson Mogollón Bohórquez, Jhimy Segundo López Petro y Sulma Judith Ramos Fayad, en su condición de miembros del comité evaluador de la licitación pública del municipio de Morroa, por presuntas irregularidades al evaluar la propuesta presentada por el representante legal de la empresa que resultó ganadora.
Igualmente, se investigarán por separado las posibles irregularidades en las labores de supervisión del contrato estatal de prestación de servicios en los que estarían involucrados los entonces funcionarios Marcela Yamile Meza Guerra, Jhimy Segundo López Petro y Eider José Suárez Salcedo.
El contrato fue suscrito con la Asociación de Transportadores Expreso Alianza, por 259 millones 159 mil 500 pesos, el 6 de agosto de 2012, para el transporte de 507 niños de la zona rural de Morroa.