La Procuraduría Provincial de Barranquilla, a cargo de Iveth Castaño Duarte, formuló pliego de cargos al Concejo de Soledad para el período 2012 - 2015 por aprobar vigencias futuras al Alcalde, Franco Castellanos Niebles, sin ningún tipo de soportes.

La investigación cobija a los entonces concejales José Florián Jiménez, Jairo Samper Rojas, Rodolfo Ucrós Rosales, Erwin Baena Lozano, Álvaro Berrocal De Fex, Carlos Cabrera Rodríguez, Doris Cáceres Yepez, Luis Espinoza Figueroa y William Torres Arcila.

Igualmente a los actuales concejales Robin Castro Fallace, Enrique Del Castillo Jiménez, Álvaro Martínez González, Rodrigo Martínez Rodríguez, Montewuiliano Balvuena Rojas, Félix Donado Escorcia, Ruby Puente Garizabalo y Jhonny Pulgar Severiche, quienes también ejercieron las funciones para la época de los hechos.

Según la Procuraduría, los concejales “votaron y aprobaron, de manera unánime, el Acuerdo 00184 del 9 de diciembre de 2014, mediante el cual se autorizó al Alcalde, Franco Castellanos Niebles, comprometer vigencias futuras excepcionales para garantizar la modificación del contrato de concesión del servicio de aseo en el municipio y contar con el debido respaldo presupuestal para financiar el pago de subsidios del mismo en los barrios subnormales, omitiendo así presuntamente dar cumplimiento y por tanto posiblemente transgrediendo el artículo 1 de la Ley 1483 de 2011”.

En concreto, para el Ministerio Público “no se cumplió con los requisitos establecidos en este artículo, al no tenerse en cuenta ni valorarse, previa a la aprobación del Acuerdo, el tipo de proyecto sobre el cual fuese viable utilizar vigencias futuras excepcionales; las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo; la aprobación del Confis territorial u órgano que haga sus veces; la consignación del proyecto objeto de vigencia futura en el plan de inversiones del Plan de Desarrollo Municipal; la capacidad de endeudamiento del municipio de Soledad frente a los costos de mantenimiento y administración de las vigencias futuras y el término de la autorización para comprometer presupuesto con cargo a las mismas”.

También advirtió en los investigados “un actuar doloso dada su clara intención de vulnerar el ordenamiento jurídico aun conociendo la antijuricidad de su comportamiento. No cabe duda de que en este caso el ejercicio de las funciones como concejales del municipio de Soledad se vio perturbado (el servicio) en un alto grado, pues al no dar aplicación a las normas jurídicas que tenían congruencia con la temática alusiva a las vigencias futuras excepcionales, no desarrollaron cabalmente las funciones que por ley están obligados, además de defraudar la confianza depositada por la comunidad a la que representan, la cual confía en que los funcionarios cuenten con los conocimientos y las competencias requeridas”, puesto que “se dio aprobación a acuerdo municipal que autoriza vigencias futuras excepcionales, sin el cumplimiento de los requisitos de ley”.

Del mismo modo, para la Procuraduría, “el comportamiento asumido por los servidores investigados conlleva un impacto negativo en los intereses de la sociedad, ya que esta espera que cumplan con requisitos de probidad y honestidad, los cuales resultaron abiertamente lesionados, al aprobar las autorizaciones sin el cumplimiento de los requisitos legales”.

Por ello, puntualiza, “no se aprecia voluntad distinta de los investigados en defraudar a la administración pública”.

La Procuraduría calificó la falta, provisionalmente, como grave.