Hace 2 años, Seguimiento.co publicó el resultado de una investigación periodística que demostró un hecho bastante inusual: la instalación de un efímero establecimiento comercial, denominado El Manicomio, que, en la zona del mercado de Santa Marta, abrió sus puertas exclusivamente para dotar a más de 1.600 empleados, entre docentes y personal administrativo, de la Alcaldía que debían recibir su dotación de ley.

Lo que demostró la serie de publicaciones, lideradas por este medio digital, fue que, muy lejos de seguir las directrices del contrato, el establecimiento vendía todo tipo de ropa: desde brasieres y panties con diseños estrambóticos, hasta ropa de niño y jeans. Lo más curioso de todo eran los exagerados precios: prendas de ropa que ni siquiera se comparaban con las más caras prendas que vendían en los exclusivos centros comerciales de Santa Marta y Barranquilla.

La publicación de Seguimiento.co estuvo soportada en un video con cámara oculta tomado en el mismo lugar, por lo que de poco sirvieron los intentos del jefe de contratación de la Alcaldía, Jorge Guevara, por tratar de demostrar que, supuestamente, todo estaba ajustado a la normalidad.

En la Investigación, un equipo de Seguimiento.co se desplazó hasta Sincelejo, en donde pudimos comprobar que, en esa ciudad, de donde es originaria la dudosa tienda de ropas que vendió la dotación a los empleados, vendía las mismas prendas, pero a precios mucho más baratos que los que ofreció en Santa Marta.

Fue así que, en las últimas horas, dos años después de esta revelación periodística, el grupo anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación capturó a Carmen Esther Paternina Pacheco, quien figura como representante legal del grupo empresarial El Manicomio SAS.

La mujer deberá responder por los delitos de falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación.

La Fiscalía del Magdalena precisa que este contrato, número 006 de 2016, que se materializó por 840 millones de pesos, debía ser supervisado por Ingrid Padilla García, que era la secretaria general del Distrito. También fue vinculada la ex alcaldesa encargada Jimena Abril, quien únicamente firmó el acta de finalización del contrato, cuando ya estaba liquidado, ejecutado y pagado. 

El ente investigador sostiene que el contratista no cumplió con las especificaciones técnicas que debía incluir la dotación de los empleados, y que estaban expuestas en la ficha técnica del proceso de contratación.

“En la mencionada ficha técnica no están establecidas la entrega de brasieres, ropa infantil ni pantalones blue jeans, camisas con flores ni zapatos sin costura, con precios excesivos”.

Este contrato hace parte de 25 casos que tiene priorizada la Fiscalía en el Magdalena para esclarecer y encontrar a los responsables.

Las respectivas audiencias se llevarán a cabo este jueves por la mañana en la ciudad de Santa Marta.