La Fiscalía General de la Nación  capturó a 5 personas, entre las que figuran un juez de familia, un secretario de despacho, dos funcionarios del centro de servicios judiciales y un particular, señalados de presuntamente alterar un proceso de sucesión testamentario.

El caso salió a la luz pública cuando "los herederos y la cónyuge de un hombre que había fallecido, presentaron ante la Notaria 14 de Cali un proceso de sucesión testamentario. Antes de morir, el hombre había nombrado como administradora de sus bienes a una mujer quien presentó por separado una demanda de sucesión ante el Juez Tercero de familia de Cali.  El juez no admitió la demanda al considerar que la mujer no tenía facultades para hacerlo".

Según datos de la Fiscalía, "al parecer, la administradora habría acudido a la oficina de reparto judicial y logró que dos funcionarios alteraran la asignación de casos para que fuera enviado directamente al Juzgado Noveno de familia.  El nuevo despacho profirió una decisión en la que se ordenaba a la notaría que le enviara el proceso de sucesión que ya venía siendo adelantado en esa entidad".

Datos recopilados dentro de la investigación dan cuenta que "la notaria no lo envió y los interesados le manifestaron al juez que no querían adelantar el proceso en el juzgado sino en la notaria porque ya existía un acuerdo entre las partes. En el mismo caso se denunció que el secretario de otro despacho, habría solicitado entre 400 y 600 millones de pesos a los herederos, a cambio de posibilitar el trámite de la sucesión en el Juzgado Noveno".

En las vacaciones judiciales, la cónyuge y los herederos tramitaron el proceso en la notaria que adelantó la sucesión y el juez tuvo que dar por terminado el suyo.

Los capturados serán presentados en las próximas horas ante un juez de control de garantías de Cali , donde la Fiscalía les imputará cargos por los delitos de cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer, concusión, prevaricato por acción y daño informático.

Por hechos relacionados con corrupción en la administración de Justicia, la Fiscalía investiga a 201 personas, 170 de ellos funcionarios y 31 exfuncionarios.