Una verdadera ‘avalancha’ de quejas es la que enfrenta la Clínica de la Policía Regional Caribe.

Los pacientes sostienen que la clínica no atiende el suministro de medicamentos ni los tratamientos médicos que les son formulados por los médicos.

“Realmente es un problema crítico por la cantidad de quejas. La clínica no tiene contratos con nadie y por ello se presentan problemas para trasladar a los pacientes”, señaló el Personero Delegado, Wilson Llanos.

Esto ha obligado a los pacientes a interponer quejas ante la Personería y en muchos casos el mismo Ministerio Público coadyuva en las acciones de tutela ante la persistencia en no atender los requerimientos de los pacientes.

Dentro de las innumerables quejas se encuentra la de Freddy Segundo Santos Aragón, el 30 de mayo, ante la Personería Delegada para la Vigilancia del Interés Público.

“Solicito me sean realizados mis procedimientos médicos con los especialistas requeridos por Neurocirugía, Otorrinolaringología, Gastroenterólogo, Endocrinología y demás afectaciones de salud que presento en la actualidad, debido a la falta de preocupación por parte de los prestadores de salud de la Clínica de la Policía, que en reiteradas ocasiones manifiestan no tener contratos con las clínicas externas que prestan los servicios de especialistas por falta de presupuesto”, señaló en su queja.

Tras la intervención de la Personería, las directivas de la clínica prometieron resolverle la situación.

En otros casos, la Coordinación Salud de la Personería, a cargo de Wilson Llanos, ha tenido que coadyuvar las acciones de tutela, en procura que la clínica atienda los procedimientos que le han sido formulados a los pacientes.

Es el caso de Mayerly Cortés Mercado quien solicitó “amparo inmediato, permanente y definitivo”, mediante acción de tutela interpuesta contra la Clínica de la Policía, por vulneración a los derechos fundamentales a la salud, vida en condiciones dignas y seguridad social, de su hija de 11 meses de nacida.

Debido a su nacimiento prematuro a la bebita le fue diagnosticado un complicado cuadro, razón por la cual la médico tratante, Dalia Mora Arbelaez, le ordenó Levetirasetan suspensión 100 mg y cirugía de cierre ileostomia con el especialista Cristóbal Abello Munárriz, de manera urgente y prioritaria, para mejorar su calidad de vida, además de terapias domiciliarias (20 sesiones mensuales) con fonoaudiología, terapias físicas y ocupacional.

Dichas fórmulas fueron entregadas a la EPS Clínica Policía Nacional Regional Caribe para su respectiva autorización.

Sin embargo, estas no fueron entregadas, ni la orden del medicamento, ni para cirugía, manifestándole a la madre de la bebita que la clínica no tiene contratos, colocándola en perjuicio irremediable y violando los derechos fundamentales de la niña, razón por la cual requirieron el apoyo de la Personería Distrital.

Ante ello se solicitó que se ordene a la clínica autorizar “todo lo necesario para mejorar la calidad de vida de la niña, la cirugía se realice con el médico tratante Cristóbal Abello, ordenar la entrega de medicamentos y de terapias formuladas por los médicos tratantes; brindar el tratamiento que requiera la menor y demás tratamientos médicos e insumos que requiera a futuro y que se consideren pertinentes según las prescripciones médicas de su patología”, advirtiendo, además, que “la Clínica no debe dar lugar a violaciones futuras de los derechos del acto, so pena de las sanciones previstas para el desacato en el Decreto 2591 de 1991”.

Los pacientes también se han quejado de la manera grosera como son atendidos por parte de las directivas de la clínica.

“Hagan lo que quieran que con nosotros no se meten”, señalan que les han manifestado cuando advierten sobre la necesidad de interponer quejas o acciones de tutela para poder ser atendidos.