Cuando usted con su teléfono celular graba un procedimiento policial ningún miembro de la institución, sin importar el grado que ostente, puede hacer uso de su autoridad para impedirle la grabación o la fotografía, según el caso.

De hacerlo, o pretender hacerlo, estaría violando una de las normas contempladas en el nuevo estatuto disciplinario de la Policía Nacional que acaba de pasar la Cámara de Representantes y continúa su trámite en la plenaria del Senado.

El uniformado que incurra en esta conducta le puede representar la suspensión por un año y medio en el servicio en la institución, sin tener derecho a remuneración por ser considerada falta grave.

Actos de abuso y brutalidad policial como el del patrullero Diego Rodríguez Poloche, que le pateó el puesto a la humilde vendedora de tinto Leidy Carolina Saavedra en el sector Patio Bonito, en Bogotá, serán calificadas como una falta gravísima con destitución fulminante e inhabilidad para puestos públicos hasta por 20 años. 

También constituyen faltas graves o gravísimas el ocultamiento de identificación en los uniformes, el uso incorrecto de las redes sociales, permitir el maltrato animal, entre otros hechos.

En total son 39 faltas gravísimas y 23 faltas graves las que contempla el nuevo estatuto disciplinario.

El estatuto obliga a la Policía a darle prioridad a las denuncias ciudadanas, en particular a las relacionadas con violación de derechos humanos.

En ese mismo sentido el Inspector General de la institución debe rendir informes semestrales sobre los procesos disciplinarios que enfrentan los policías.

Asimismo incluye la designación de un inspector delegado para el manejo de las manifestaciones públicas, y quien atenderá las quejas ciudadanas sobre procedimientos policiales relacionados con hechos violentos que afecten el derecho a la protesta.

Este proyecto de ley hace parte del paquete de reformas que el Gobierno adoptó para darle un cambio a la Policía.