Con 383 demandas interpuestas hasta el momento, trabajadores, extrabajadores y pensionados de Cementos del Caribe (hoy Grupo Argos) intentan que la empresa les reconozca los dividendos causados por 33 millones de acciones que les fueron otorgadas desde el año 1962.

Las acciones están cotizadas a $17.420, lo que significa que el paquete de propiedad de los extrabajadores tiene un costo de $574.860 millones en la Bolsa de Valores de Colombia.

“Estamos solicitando, mediante estas demandas, una rendición provocada de cuentas para saber cuál es el producido de cada acción, pero la empresa sostiene que no tenemos derechos a esas acciones”, aseguró Elías De las Salas Romero, presidente de Sintracemde, organización que dispuso como apoderada judicial a Mercedes Ahumada Cervantes.

La historia se remonta al año 1962 cuando el entonces presidente de la compañía, Joaquín Ruiseco, ante una solicitud de reajuste salarial del 6%, planteó un aumento del 25% y 1% equivalente en papel renta (hoy acciones).

De acuerdo con el número de trabajadores el monto del paquete ascendió a $250.000.

Para tal fin fue creado el Fondo de Beneficio Social de Cementos Caribe (Sindicaribe), el cual quedó legalizado mediante escritura pública protocolizada en la Notaría Tercera de Barranquilla, coincidencialmente la misma que no verificó el pago de la estampilla Pro-Hospitales, por parte del Grupo Argos, en recientes transacciones inmobiliarias por un valor superior a los $800 millones.

Así, el fondo pasó a ser accionista de la empresa, registrado en la Superintendencia de Valores.

Con el paso del tiempo, con los dividendos de las acciones también fue creciendo el paquete accionario en Cementos Argos. En la Bolsa de Valores estaba registrado como Cemcaribe y el paquete que se adquirió a Cementos Argos como Cemargos.

En la escritura pública quedó el Banco Industrial Colombiano –BIC- (hoy Bancolombia) como una fiduciaria, en la cual Cementos del Caribe figuraba como ente vigilante y el presidente del sindicato como representante legal del fondo.

Los requerimientos al banco sobre información de los dividendos tampoco han dado resultados. Pese a tener un millonario paquete accionario, a la representación sindical también se le niega su participación durante las asambleas de accionistas.

Precisamente, en la más reciente asamblea, 20 de marzo de 2015, fue aprobado el siguiente proyecto de distribución de utilidades líquidas correspondientes a diciembre de 2014:  utilidad neta, 291.815 millones 121 mil 860 pesos; apropiar de la reserva no gravada para ensanches e inversiones, 66.690 millones 374 mil 530 pesos; y, a disposición de la asamblea, 358.505 millones 496 mil 390 pesos.

Las apropiaciones quedaron la siguiente manera: 204.997 millones 671 mil 180 pesos para un dividendo no gravado de $178 anuales por acción ordinaria, percibido como ingreso neto no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Y 48.324 millones 703 mil 350 pesos para un dividendo no gravado de $231 anuales por acción preferencia, percibido como ingreso neto no constitutivo de renta ni ganancia ocasional.

Sin embargo, los dueños de 33 millones de acciones aseguran no recibir un solo peso por los dividendos generados por ellas.

Por otra parte, Argos también enfrenta 120 demandas por la pensión especial de vejez por alto riesgo. Concretamente argumentan que, por su actividad, las empresas cementeras son de alto riesgo porque la caliza, que es la materia prima para el cemento, contiene la sílice en forma de cuarzo, clasificada como cancerígena.

Lo llamativo de la situación es que hay jueces que fallan a favor y otros en contra. Igual sucede con los Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial cuando los casos suben en apelación.

“Miramos con extrañeza que existen 2 clases de leyes dentro de la Justicia: una en los estrados judiciales y otra en los tribunales. Y todavía vemos con más extrañeza que un Magistrado dio fallo favorable a un Ingeniero de Producción (con menos tiempo que el trabajador en el lugar de trabajo), pero ha negado la de los trabajadores que duran 8 y hasta 16 horas expuestos en sus sitios de trabajo”, comentó el dirigente.

Precisamente, Cementos Argos fue multada por el Ministerio de la Protección Social, por $43 millones, cuando se negó al requerimiento de denunciar los sitios de alto riesgo.

“Lo hizo para eludir la pensión de alto riesgo, pagó la sanción y demandó el restablecimiento de derecho solicitando una indemnización equivalente a 1.600 salarios mínimos. Esta demanda entró al Juzgado 12 Administrativo, pasó al 2º Administrativo de Descongestión, luego al 11 Administrativo, siguió al 6º Administrativo de Descongestión hasta que llegó al 4º Administrativo de Descongestión, donde se encentra actualmente”, precisó.

En este proceso pidieron se les acepte como terceros, “porque so le otorgan el reconocimiento resultarían afectados más de 600 trabajadores a quienes se les negaría la pensión de vejez por alto riesgo. Además, el Juzgado les concedió hacer una visita y si esto se lleva a cabo automáticamente no encontrarán área de alto riesgo porque todo ya fue desmontado”.

Puntualizó que obligando a los trabajadores a realizar labores no propias de su competencia, los condujo a un desmejoramiento salarial para luego proponerles un arreglo directo y en otros casos plantearles la figura de la pensión anticipada, “para así hacer un despido injusto directo y sin el permiso del Ministerio”.